Hoy: 23 de noviembre de 2024
Se acabó eso de que nos suene el teléfono a cualquier hora del día y de la noche para vendernos cualquier cosa que ni hemos pedido ni necesitamos, sobre todo para plantearnos un cambio de compañía telefónica, de energía o de gas. Desde este jueves ya no se podrán recibir llamadas con fines comerciales salvo que exista una solicitud o consentimiento previo por parte del consumidor. La cuestión es si las empresas respetarán la ley o buscarán resquicios legales para seguir con una actividad que ha sacado de quicio a todo el mundo con frecuencia. La ley lo prohíbe y las asociaciones de consumidores, que aplauden una medida necesaria, tienen serias dudas de su cumplimiento.
Hasta ahora no se exigía un consentimiento previo por parte del usuario en las llamadas comerciales, tal y como se establece ahora en la nueva normativa -artículo 66.1.b de la Ley General de Telecomunicaciones-, «únicamente se reconocía el derecho a oponerse al tratamiento de datos personales y solicitar el fin de estas comunicaciones no deseadas por diferentes vías, que no siempre se respetaban», reconocen en la Organización de Usuarios y Consumidores (OCU), un organismo que aplaude la entrada en vigor de la nueva legislación, pero que ya se ha mostrado un tanto escéptico con su cumplimiento.
De hecho, ha solicitado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que asuma las «labores de control, vigilancia y, en su caso, establezca sanciones ejemplares ante la inobservancia reiterada de las normas en comunicaciones comerciales tanto por teléfono como por medios electrónicos por parte de las empresas».
Desde 2009 la ley exige a las empresas que llamen desde un número reconocible para acabar, así, con el uso indiscriminado de numeraciones ocultas, pero como suele pasar en estos casos «hecha la ley, hecha la trampa», apostillan en la OCU a través de un comunicado. «Lo que ocurre ahora es que se ponen en contacto contigo desde un número móvil o fijo identificable, muchas veces con prefijo incluido, para cumplir el requisito legal, pero la realidad es que seguimos sin saber quién nos telefonea. La cantidad de números que se usan en las campañas de ‘telemarketing’ es increíble y difícil de controlar”, añade el escrito.
Un estudio realizado por la propia OCU en el que recopilaron más de dos centenares de llamadas comerciales perdidas revela que solo fueron capaces de averiguar la procedencia de un tercio de ellas, pese a que en la pantalla del teléfono figuraba un número perfectamente identificable. «Cuando devolvíamos la llamada, en la mayoría de los casos saltaba un mensaje en el que se nos indicaba que la línea no existía o, directamente, que no recibían llamadas entrantes», explican. La entrada en vigor de esta nueva ley nace precisamente con la idea de eliminar estas molestas comunicaciones, que afectan hasta al presidente del Gobierno, como reconoció el propio Pedro Sánchez en la entrevista concedida el martes a ‘El Hormiguero’.
Hasta ahora el usuario tenía derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, y a solicitar el fin de las comunicaciones no deseadas, apuntándose a la Lista Robinson. Sin embargo, nada impedía que estas llamadas, el conocido como ‘spam telefónico’, se realizara. Las cosas deben cambian desde este 30 de junio, cuando entra en vigor esta nueva normativa.
El consentimiento para recibir estas llamadas debe ser expreso e inequívoco por parte del consumidor, algo que obliga a las empresas de telemárketing a revisar sus prácticas.
Hasta ahora, el grueso de las llamadas comerciales, en ocasiones muy difíciles de identificar, eran realizadas por operadores de telefonía (casi la mitad del spam telefónico correspondía a este sector), compañías energéticas (el 30%) o entidades financieras. Todas ellas deberán recurrir a otros sistemas distintos (y menos invasivos) para convencer a sus nuevos clientes.
Sobre el papel, este cambio es una buena noticia para los consumidores, pero para que lo sea realmente, desde la OCU solicitan a la Agencia Española de Protección de Datos que controle el cumplimiento de la normativa. Sostiene esta organización que se exigirá que dé directrices claras y sancione los posibles incumplimientos de forma ejemplar.
La OCU recuerda a los usuarios que, en caso de recibir llamadas comerciales no deseadas, pueden oponerse expresamente, y en caso de que no se cumpla esto, animan a denunciarlo a través de la Agencia Española de Protección de Datos.