La red reclutaba a las víctimas bajo la apariencia de una asociación de ayuda al emigrante
La Policía Nacional ha llevado a cabo la desarticulación del entramado societario de una organización criminal involucrada presuntamente en el blanqueo de dinero proveniente de la explotación laboral de extranjeros.
Esta acción constituye la segunda fase de una operación que comenzó el pasado mes de julio, con la detención de 18 personas, dirigida contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral de ciudadanos africanos en situación irregular, específicamente en el sector de la construcción.
Como resultado de la investigación patrimonial, en la ciudad de Málaga se han realizado cinco nuevas detenciones, se ha imputado a cinco personas jurídicas y se han bloqueado 18 cuentas bancarias con un saldo acumulado de casi 92.000 euros.
La primera etapa de esta operación se llevó a cabo en Málaga, donde se identificó una red que, bajo la fachada de una estructura empresarial, reclutaba a sus víctimas bajo la apariencia de una asociación de ayuda al inmigrante para luego explotarlas en el sector de la construcción.
Estas víctimas se veían obligadas a vivir y trabajar en condiciones precarias, incluso pasando jornadas laborales que superaban las 24 horas, con alojamiento en vehículos y realizando labores de peón o seguridad en obras. En julio del año anterior, este primer operativo culminó con 18 detenidos, cuatro de ellos en Málaga y uno en Madrid, además de la incautación de 30.000 euros en efectivo, un vehículo de lujo, varios teléfonos móviles y documentos relevantes para la investigación.
La segunda fase se enfocó en una investigación patrimonial que comenzó en octubre de 2022 y se centró en la estructura societaria de la organización criminal. Esta estaba compuesta por siete personas jurídicas, algunas de ellas bajo nombres de testaferros, que se dedicaban a la explotación laboral de extranjeros irregulares a través de subcontratas realizadas a sociedades mercantiles controladas por los miembros de la organización.
Estos extranjeros, en su mayoría procedentes del África subsahariana y sin permiso de trabajo, eran registrados como terceras personas ante la Seguridad Social, mientras eran sometidos a un control riguroso de sus horas laborales y pagados en efectivo con cantidades muy por debajo de los salarios mínimos legales.
Parte de los ingresos ilícitos se destinaban a la compra de vehículos a nombres ficticios
La investigación económica reveló que la organización había generado grandes beneficios, con operaciones bancarias que sumaban más de 4.000.000 de euros. Se detectaron actividades financieras inusuales para una sociedad mercantil, indicativas de un manejo significativo de dinero en efectivo. Se determinó que la estructura económica de la organización operaba bajo el principio de “caja única”, donde los ingresos y gastos se centralizaban en una única tesorería, permitiendo la coexistencia de ingresos legales e ilegales.
Además, se descubrió que parte de los ingresos ilícitos se destinaban a la compra de bienes muebles, como vehículos, registrados a nombre de asociaciones ficticias creadas con el único propósito de legitimar los fondos. Mientras tanto, otra parte de las ganancias se utilizaba para pagar en efectivo a los inmigrantes explotados.
En resumen, la segunda fase de esta operación policial ha permitido desmantelar una compleja red criminal dedicada a la explotación laboral de personas en situación irregular, evidenciando la existencia de una estructura económica sofisticada que operaba bajo el radar de la legalidad.