Ignacio Cosidó acudirá este jueves 9 de enero a declarar como testigo ante el juez Santiago Pedraz en el caso de la guerra de la “policía política” contra el partido Podemos tras salir airoso en la instrucción del caso Kitchen contra altos caros del gobierno de Rajoy por parte del juez Manuel García-Castellón
ERNESTO EKAIZER/El Periódico de Catalunya
Ignacio Cosidó, director general de la Policía durante los años del gobierno de Mariano Rajoy, prestará este jueves 9 declaración en calidad de testigo en la querella que investiga las acciones policiales de carácter político contra el partido Podemos. Es la primera vez que Cosidó pisará una sede judicial para contestar a preguntas esas acciones.
A pesar de los esfuerzos de la Fiscalía Anticorrupción en 2021, Manuel García-Castellón, juez instructor del caso Kitchen, salvó a Cosidó de ser interrogado y de sentarse en el futuro banquillo de los acusados, junto con los altos cargos del ministerio del Interior del Partido Popular.
El fin de la operación Kitchen, según el auto de transformación de las diligencias (equivalente al de procesamiento) dictado por el citado juez el 29 de julio de 2021, era “acceder a documentación e información en poder de Bárcenas para desviarla del proceso judicial en curso”. Este era, señala el auto, “el vector” que unía a los implicados y “el fundamento de la operación”. Es más: “Y existen indicios que permiten sostener que se materializó el acceso a la información que guardaba [Bárcenas]”
“La intervención de los máximos responsables gubernativos del Ministerio resulta solventemente constatada”, afirma el juez, para quien Fernández Díaz está en “el vértice de la cadena que ordenó la puesta en marcha de la operación”. Según el juez, el número dos, el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez tuvo un papel activo en la trama porque recibió “órdenes concretas” de Fernández Díaz, quien le instruía sobre la “prioridad” de la operación. Destaca el relato “la ascendencia [de ambos] sobre los funcionarios policiales de mayor rango que materializaron la operación”, lo que “resulta evidente y vertebra la operación, desde la ideación hasta la autorización de los gastos materiales que permitieron que se materializara”.
En esa “cadena” el eslabón del director general de la Policía brilla por su ausencia. Una ausencia defendida a capa y espada por el juez.
El 21 de julio de 2021, la Fiscalía Anticorrupción había solicitado, precisamente la declaración de Cosidó en calidad de imputado. En su escrito, los fiscales hicieron referencia “a la participación en los hechos del director general de la Policía Ignacio Cosidó Gutiérrez, la cual ha sido puesta reiteradamente de manifiesto en las declaraciones prestadas por los investigados José Manuel Villarejo y Eugenio Pino”. Pero ocho días más tarde, el 29 de julio de 2021, según se ha apuntado, el juez cerró la investigación y rechazó la declaración de Cosidó como imputado porque, según señaló, no se aportaban elementos indiciarios de su participación en los hechos. El juez consideró dicha diligencia algo “innecesario e inútil”.
El 6 de septiembre de 2021, los fiscales recurrieron la decisión del juez: “Por lo que respecta a la denegación de la declaración con la condición de investigado de Ignacio Cosidó Gutiérrez se aduce por el instructor que el fiscal omite la referencia a cualquier indicio incriminatorio que justifique su citación”. Los fiscales le recuerdan que las “declaraciones [de los otros dos investigados] obran en las actuaciones y, por tanto, deberían ser conocidas y valoradas por el instructor, porque, además, estas manifestaciones son claras al respecto, haciendo referencia a una participación no meramente circunstancial sino de carácter específicamente directivo del director general de la Policía”.
Es decir: como eslabón importante en la “cadena” descrita por García-Castellón. Dejarle fuera fue una evidente contradicción con su decisión de procesar al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. De Martínez García-Castellón da un salto, omite a Cosidó, llega a Pino y sigue con otros mandos intermedios.
Casi cincuenta policías tuvieron participación, incluyendo a la cúpula policial, en Kitchen, Pero García-Castellón consideró “normal” que Cosidó ignorase lo que cocinaban sus subordinados en la Dirección Adjunta Operativa (Pino) y Asuntos Internos (Marcelino Martín Blas) durante más de dos años, entre 2013 y 2015.
La sala de lo Penal respaldó a García-Castellón y, también, rechazó la imputación de Cosidó.
Policía política, ni patriótica ni paralela
Aunque Cosidó entrará por primera vez en sede judicial este jueves 9 de enero para contestar sobre las operaciones de la policía “política” -que no “patriótica” ni “paralela- sí compareció dos veces en la comisión de investigación de la operación Kitchen en el Congreso de los Diputados.
Y lo que dijo tiene interés. Ante el mantra, o lugar común, de que había una “estructura paralela” en la Policía, Cosidó explicó:
-Yo no conocí ninguna estructura paralela. Mi relación era con los miembros de la junta de gobierno, tanto con el director adjunto operativo [Pino], los directores, los comisarios generales…
Aquí reside el patrón de conducta del gobierno del PP con Fernández Díaz, Martínez y Cosidó. No fue ninguna “estructura paralela” la que se embarcó en las operaciones contra Podemos (informe PISA y otras), Kitchen (Bárcenas y las pruebas en su poder contra dirigentes del PP) y la Operación Cataluña (contra el independentismo). Fueron operaciones oficiales. No se llevaron a cabo de manera encubierta, a través de las mal llamadas cloacas.
Cosidó, según fuentes judiciales, mantendrá la misma posición. Nunca supo nada.
En la causa que se investiga sobre las operaciones de la Policía contra Podemos (2015-2017) -aparte de las múltiples querellas acogidas con entusiasmo militante por los jueces, sin éxito alguno para su causa- han aparecido expedientes que el juez Pedraz ha resuelto, de acuerdo con un auto de fecha martes 7 de enero, según ha sabido El Periódico, incorporar a la causa: las operaciones llamadas Bolívar y Fénix.
Pero, también, aparece en escritos sobre diligencias internas la firma de Manuel López Vázquez dando instrucciones. Se trata del jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), cuya imputación ha sido denegada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el juez Pedraz, y que Podemos ha pedido interrogar en calidad de testigo.
En el dictamen aprobado por el Congreso en 2017 no se hablaba de ninguna “policía paralela”. Una de las conclusiones era la siguiente: “En el Ministerio del Interior, bajo el mandato del señor Fernández Díaz, usando de manera fraudulenta el catálogo de puestos de trabajo, se creó una estructura policial bajo las instrucciones del señor Cosidó Gutiérrez, por orden del DAO Eugenio Pino, con el conocimiento y consentimiento del Ministro destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular y al seguimiento, la investigación y, en su caso, la persecución de adversarios políticos. A modo de ejemplo: PSOE (como demuestra la creación y trabajos realizados por la Brigada de Análisis y Revisión de Casos de la Policía (BARC), el nacionalismo catalán (cuenta inexistente de Xavier Trías en Suiza) o Podemos (Informe PISA).