El secretario general de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, ha instado a la comunidad internacional un “pacto de solidaridad climática” e “histórico”. Dicho pacto se ha instalado entre economías desarrolladas y en desarrollo. Sobre todo entre desarrolladas y emergentes, para que todos los países hagan un esfuerzo en la transición energética.
“Estamos haciendo progresos en la transición energética, pero se necesita mucho más”, ha manifestado Guterres, durante el discurso del evento de alto nivel en la XXVII Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU (COP27) que se inauguró este domingo en Sharm-El Sheik (Egipto).
Guterres ha reclamado el fin del carbón en 2030 en el conjunto de países que forman parte de la OCDE y en 2050 en el resto de los países. A su juicio, es preciso este “pacto universal” para lograr una energía sostenible para todos en 2050 con una estrategia común y que los países combinen sus capacidades y recursos en pro del bienestar común de la humanidad.
Para el dirigente de la ONU, es indispensable hacer frente a este asunto desde el punto de vista de la “justicia climática“. Especialmente porque aquellos que menos han contribuido a la crisis climática, son los que más están sufriendo las consecuencias de las malas prácticas ajenas. Esto hace referencia a los países más vulnerables que, a su vez, son los que menos emisiones expulsan a la atmósfera.
La responsabilidad de los países más ricos
Además, ha subrayado que Estados Unidos y China tienen “una responsabilidad particular” para unir esfuerzos y hacer en la COP27 de este pacto “una realidad”. Este pacto es la “única esperanza” de conseguir el objetivo de limitar el cambio climático. “Tenemos la opción de colaborar en un pacto solidario o de ir a un suicido colectivo progresivo”, ha reflexionado el secretario general de la ONU.
Respecto a la negociación en la COP27, el secretario general de la ONU ha recordado que en la anterior Cumbre de Glasgow en 2021 los países desarrollados se comprometieron a duplicar la financiación climática, pero ha observado que esta tendría que superar los 300.000 millones anuales de aquí a 2030 y que la mitad de ella se destine a adaptación en países en desarrollo.
Esta financiación climática pasaría por redirigir las ganancias de los países más ricos -y de las petroleras- a las personas que no pueden afrontar el aumento de precio de los bienes básicos y a los países más pobres.
Por ello, ha urgido a los bancos multilaterales e instituciones financieras a facilitar la inversión privada. A su vez, los países han de impulsar los mecanismos de daños y pérdidas del cambio climático. Dichos daños constituyen “una realidad que ya no pueden barrer debajo de la alfombra”.