Aumenta la tensión en San Francisco por las redadas para deportaciones masivas de migrantes con el envío de 2.000 militares más a la zona

California demanda a Trump por desplegar la Guardia Nacional en Los Ángeles sin autorización estatal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado este lunes el despliegue de otros 2.000 efectivos de la Guardia Nacional de California para «apoyar» al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), que se unirán a los militares ya movilizados en la víspera ante las protestas en Los Ángeles contra las redadas migratorias y que ha dado como resultado una demanda contra el mandatario y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, por carecer de potestad para tomar esta medida sin consentimiento de las autoridades californianas.

«Por orden del presidente, el Departamento de Defensa está movilizando 2.000 guardias nacionales de California adicionales que serán llamados al servicio federal para apoyar al ICE y permitir que los agentes del orden público federal realicen sus tareas de manera segura», ha anunciado en su cuenta de la red social X el portavoz del Pentágono Sean Parnell.

El inquilino de la Casa Blanca ha tomado esta decisión pese a que la Fiscalía de California ha anunciado la presentación de una denuncia contra él y contra Hegseth por el despliegue «ilegal» e «incendiario» de la Guardia Nacional en Los Ángeles, una medida que adoptaron «sin autorización del gobernador (Gavin) Newsom y contra el deseo de las fuerzas de seguridad», según ha indicado el organismo.

Además, unos 700 marines han sido movilizados y se unirán al contingente ya desplegado para responder a las protestas desatadas desde el pasado viernes en Los Ángeles, según ha anunciado en un comunicado el Mando Norte del Ejército de Estados Unidos.

Desde el fin de semana

La confrontación entre California y el Gobierno federal ha estallado tras el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles por orden del presidente Donald Trump. La medida, que busca contener las protestas contra las redadas migratorias, fue calificada como “ilegal” por las autoridades estatales, quienes presentaron una demanda para frenar la decisión.

El fiscal general de California, Rob Bonta, y el gobernador Gavin Newsom encabezan la acción legal. Ambos denunciaron que el despliegue no solo viola la Décima Enmienda de la Constitución, sino que representa un abuso de poder federal. «Estamos pidiendo al tribunal que anule la acción ilegal del presidente de federalizar la Guardia Nacional de California», declaró Bonta.

Desde el fin de semana, las manifestaciones en Los Ángeles se intensificaron tras nuevas redadas migratorias, generando fricciones entre los manifestantes y los agentes de seguridad. Sin embargo, las fuerzas del orden locales han asegurado que las protestas estaban bajo control, por lo que consideran innecesario y desproporcionado el envío de tropas, según informa Vanguardia.

Para las autoridades californianas, este acto representa una grave intromisión. El gobernador Newsom recordó que la activación de la Guardia Nacional debe realizarse con su consentimiento, algo que no ocurrió en este caso. “El presidente no puede usar nuestras tropas sin nuestra autorización. Este precedente es tan peligroso como inconstitucional”, afirmó.

Control federal

La tensión entre Sacramento y Washington se agravó aún más cuando Tom Homan, responsable de la política migratoria de la Casa Blanca, sugirió que Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, podrían ser arrestados por obstaculizar la aplicación de la ley federal. Ante esto, Newsom respondió tajante: “Tom, arréstame”.

Desde la Casa Blanca, Homan suavizó el tono este lunes, aclarando que no existen planes para detener a autoridades locales, pero insistió en que el Gobierno federal actuará contra quienes interfieran con sus políticas migratorias.

Este enfrentamiento legal marca un nuevo capítulo en la ya tensa relación entre la administración Trump y el estado de California, especialmente en temas de inmigración y control federal. Ahora será la justicia quien determine si la decisión presidencial se ajusta o no a los límites constitucionales.