Los residuos eran trasladados a vertederos de Tarragona y Cuenca con documentación falsificada y sin haber sido sometidos a ningún tipo de tratamiento
La Guardia Civil ha desarticulada una organización delictiva internacional dedicada al tráfico ilícito de residuos urbanos procedentes de Italia. La basura se trasladaba desde distintos puntos de Italia hasta vertederos de Tarragona y Cuenca, amparados bajo documentación falsificada y sin haber sido sometidos a ningún tipo de tratamiento. Se calcula que habrían sido arrojadas ilegalmente más de 40.000 toneladas de residuos italianos en vertederos españoles desde 2021.
En total han sido detenidas e investigadas 22 personas acusadas de varios delitos de pertenencia a organización criminal, contra los recursos naturales y el medio ambiente y falsedad documental. Los investigados habían cobrado más de 19 millones de euros desde 2021 procedentes de empresas de tratamiento de residuos italianas, que habrían contratado sus servicios para deshacerse de los residuos
La operación se ha desarrollado con el nombre de ‘Rifiuti’. Diariamente eran depositados de forma descontrolada toneladas de residuos urbanos de todo tipo, incluyendo residuos peligrosos y tóxicos, en localidades de Tarragona y Cuenca procedentes de Italia.
Documentación falsificada
Las investigaciones comenzaron tras detectarse la entrada de residuos en España cuya documentación podría estar falsificada y que serían destinados a vertederos sin haber sido tratados previamente. Las primeras indagaciones permitieron identificar a una serie de empresas interrelacionadas y con sede en Cataluña y Castilla-La Mancha que comerciaban a grandes niveles con residuos italianos.
Se pudo verificar que decenas de camiones entraban en las instalaciones de gestión de residuos controladas por la organización pero que, en lugar de someter la carga a procesos de valorización, era redirigida directamente a vertederos. Estas cantidades de residuos urbanos de origen italiano arrojados ilegalmente en vertederos españoles habrían superado las 40.000 toneladas al año desde el 2021.
A pesar de que las empresas italianas eran contratadas para la gestión de residuo urbano, estas derivaban su eliminación a España para ahorrar costes, lo que habría reportado unos ingresos millonarios a costa de la hacienda italiana. Se estima que la organización criminal habría ingresado más de 19 millones de euros en los últimos cuatro años.
Legislación
Estas prácticas contravienen la legislación y los sistemas de control medioambientales, cuyo espíritu reside en el principio de proximidad y en que cada país se haga cargo de sus residuos.
España no puede admitir la entrada de este tipo de residuos para su eliminación en vertederos, siendo obligación de las autoridades italianas la gestión y eliminación de residuos generados en núcleo urbano.
Por ello, el procedimiento consistía en interponer una serie de empresas entre el productor italiano y el vertedero español, que simulaban diferentes tratamientos y operaciones nunca realizadas, para que, a menos a nivel documental, pareciese que todo se hacía acorde a la legislación vigente. Con ello además se garantizaba que la autoridad de control española, la Agencia de Residuos.