Bruselas da cobertura legal a los países que quieran restringir los pisos turísticos y las segundas residencias

Von der Leyen alerta de que la crisis habitacional ya frena la movilidad laboral y erosiona la competitividad europea

La Comisión Europea presentó este miércoles una ley de vivienda asequible. La norma aplica que ciudades, regiones y Estados limiten el alquiler de pisos turísticos y la compra de segundas residencias. Responde así al encarecimiento de los precios y a la falta de oferta.

Bruselas justificó la propuesta en su nota de prensa: «Algunos Estados miembros ya han adoptado medidas para aliviar dichas presiones, pero se han enfrentado a impugnaciones jurídicas sobre la compatibilidad con el Derecho de la UE». El objetivo, según la Comisión, es aportar «claridad», «previsibilidad» y «seguridad jurídica» a los Estados miembros.

La presidenta Ursula von der Leyen subrayó la preocupación de la Unión Europea ante la crisis de la vivienda. Según explicó, el problema ya limita la movilidad laboral y educativa y debilita la competitividad europea.

La situación se agrava, además, en ciudades y destinos turísticos populares. La causa, señaló la presidenta, es el uso de viviendas para fines distintos al residencial. Por ahora, la propuesta pasa al Parlamento Europeo y al Consejo, siguiendo el procedimiento habitual entre los Veintisiete.

Una metodología común para los Veintisiete

La ley busca establecer el primer marco común para evaluar las medidas de vivienda que ya aplican los países. Deja, en todo caso, en manos de los gobiernos nacionales, regionales o locales la decisión de actuar y elegir qué medidas adoptar.

Para ello, plantea una metodología compartida que permita identificar las zonas con dificultades de acceso a la vivienda. Exige además que las autoridades justifiquen la utilidad de sus medidas, que deberán ser específicas, necesarias y proporcionadas.

Por ejemplo, si un gobierno quiere limitar los alquileres de pisos turísticos o las viviendas vacías, deberá justificarlo. Tendrá que demostrar cómo han contribuido esas prácticas a las presiones del mercado local. La intervención, precisa la Comisión, debe centrarse en las actividades que reducen el parque de vivienda disponible para uso residencial a largo plazo.

Garantías para segundas viviendas y pisos desocupados

Sobre las políticas que afectan a segundas residencias o viviendas desocupadas durante mucho tiempo, Bruselas plantea un marco más claro. Las medidas no podrán aplicarse con carácter retroactivo y deberán contar con un periodo transitorio antes de su aplicación definitiva.

Las normas también deberán tener en cuenta los periodos en los que resulta razonable que una vivienda permanezca vacía. La Comisión Europea lo explicó así en una página con preguntas y respuestas dirigida a la ciudadanía: «Los propietarios y los anfitriones estarán protegidos frente a restricciones injustificadas o excesivas: las medidas deben ser específicas y proporcionadas, deben respetarse los derechos de propiedad y deben centrarse en aquellas actividades que contribuyan de forma demostrable a la presión sobre el mercado inmobiliario, en lugar de ser restricciones generales o arbitrarias».