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La Asociación para la Regeneración Institucional y la Cohesión Democrática aboga por los valores de la socialdemocracia europea

Un documento fundacional al que ha tenido acceso Fuentes Informadas plantea un ideario que mezcla socialdemocracia europea y «espíritu de la Transición», con propuestas sobre financiación autonómica, vivienda y despolitización de organismos como el CGPJ o la Fiscalía General del Estado

Un grupo de socios fundadores está ultimando la puesta en marcha de una nueva entidad cívica, la Asociación para la Regeneración Institucional y la Cohesión Democrática, según el documento marco y las bases programáticas a los que ha tenido acceso este medio.

El texto, fechado como borrador corregido, fija el domicilio social de la futura asociación en el término municipal de Tresjuncos (Cuenca), un pequeño municipio de poco más de 300 habitantes, aunque prevé la apertura de delegaciones territoriales por el resto de España.

El programa se presenta como una respuesta organizada a lo que sus impulsores describen como las dos grandes amenazas para la convivencia democrática actual: la polarización identitaria y el populismo desinstitucionalizador.

Para combatirlas, la asociación se reclama heredera a la vez del constitucionalismo democrático, de los valores de la socialdemocracia europea y del «espíritu de reconciliación y consenso» de la Constitución de 1978 — una combinación doctrinal que el propio documento reconoce como una de las tensiones que ha tenido que resolver respecto a versiones anteriores del borrador, integrando bajo un mismo marco ideas que en un primer momento aparecían como el consenso liberal y la tradición socialdemócrata por separado.

Un programa que abarca desde el Senado hasta la «España vaciada»

El documento —dividido en cinco grandes ejes— dedica su primer bloque a reformas institucionales: pide una «vigilancia institucional activa» frente a iniciativas legislativas que puedan erosionar la separación de poderes, defiende la despolitización en el nombramiento de altas magistraturas y de organismos como el Banco de España, la CNMC, el Tribunal de Cuentas o la Fiscalía General del Estado, y propone convertir el Senado en una auténtica cámara de representación territorial, hoy relegado —según el texto— a un papel de «segunda lectura de ámbito partidista».

En el terreno económico y social, el programa combina disciplina presupuestaria y apoyo al emprendimiento (tarifa plana fiscal los tres primeros años de actividad, silencio administrativo positivo en licencias) con una reforma integral de la financiación autonómica orientada a garantizar servicios públicos de igual calidad en todo el territorio.

Respetando a la vez «las singularidades históricas y regímenes forales» dentro del marco constitucional. También incluye un capítulo específico para la despoblación rural —con fiscalidad diferenciada e incentivos a la fijación de población— y otro sobre vivienda joven, con avales públicos para hipotecas y ampliación del parque de alquiler asequible.

Tolerancia cero con la corrupción, con matices jurídicos

Uno de los puntos más trabajados del documento es el capítulo de ética pública. La versión corregida sustituye una formulación inicial más coloquial —»dar un paso al lado bajo sospecha»— por un lenguaje jurídicamente más preciso: la asociación reclama el apartamiento cautelar de cargos públicos u orgánicos ante la apertura formal de juicio oral o ante «indicios procesales sólidos» de delitos de corrupción, malversación o prevaricación, «garantizando a la vez la debida presunción de inocencia procesal».

El ajuste, recogido explícitamente en las notas de mejora que acompañan al borrador, sugiere una revisión con criterio jurídico sobre un asunto especialmente sensible en el debate político español de los últimos años.

El documento también apuesta por la transparencia de agendas, presupuestos y contratos públicos, y por la regulación de los grupos de interés mediante registros obligatorios de reuniones, así como por limitar los puestos de libre designación en la Administración para blindar la función pública frente al «desembarco partidista».

Estructura operativa y una Junta Directiva aún sin nombres

Para desarrollar estos objetivos, la asociación prevé crear un «Observatorio de Calidad Democrática y Estado de Derecho» que elabore informes y barómetros periódicos, además de foros de diálogo, publicaciones y alianzas con universidades y think tanks nacionales e internacionales.

Llama la atención que, en el capítulo dedicado al régimen de gobierno, el documento define la estructura de la Junta Directiva Fundacional —presidencia, secretaría general, tesorería y tres vocalías (Relaciones Institucionales y Comunicación, Formación y Programas, y Acción Territorial y Cohesión Rural)— pero no incorpora todavía los nombres de quienes ocuparán esos cargos, lo que apunta a que el proceso de constitución de la entidad se encuentra en una fase todavía no cerrada.

El ejercicio asociativo, según el propio texto, se computará entre el 2 de noviembre y el 1 de noviembre de cada año.

Este medio ha solicitado confirmación sobre el estado de tramitación de la asociación y la identidad de sus promotores. Se actualizará esta información si llega una respuesta.