Bruselas claudica y concede a España un plan de ahorro de gas “suavizado”

26 de julio de 2022
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Ursula von der Leyen
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen | Fuente: Flickr

El Ejecutivo deberá aplicar las mismas medidas de ahorro energético que el resto de miembros, pero obtendrá una excepción

El Ejecutivo español y la Comisión Europea han enterrado este martes el hacha de guerra después de varios días de tiras y aflojas. El plan ideado por la Unión Europea para ahorrar un 15% de gas ruso y reducir así la dependencia energética de Rusia chocó con la oposición de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien tachó la iniciativa de poco “justa y eficaz” y aseguró rotundamente que las familias españolas “no sufrirían cortes de gas”.

Esta mañana, la vicepresidenta tercera ha cambiado sus palabras. “Tenemos que decir que sí”, ha reconocido. El Ejecutivo comunitario se ha plegado a los deseos del Gobierno y ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que España obtenga una excepción en cuanto a a propuesta de eficiencia energética.

Bruselas ha alegado que debe primar la “solidaridad” en un momento tan crítico como una guerra y, para evitar disputas y futuras tensiones con los socios comunitarios ha anunciado que las industrias de aquellos países especialmente dependientes de la potencia gasística rusa no se contabilizarán en el cómputo global de consumo de gas. De la misma forma, aquellos territorios con interconexiones deficientes o cuya geografía dificulte el tránsito de la energía no se estarán sujetos a las mismas exigencias que el resto.

En el caso español, el recorte en el consumo de gas se habría traducido en una reducción de 2.900 millones de metros cúbicos, pero con la nueva excepción concedida por Bruselas, la cifra descendería hasta los 1.700 millones.

El último cambio introducido reside en la conversión del plan de ahorro en una propuesta obligatoria -pues antes era solo recomendable-. En un principio, la Comisión ostentaba la potestad de declarar el Estado de alerta y, con él, imponer la obligatoriedad de todas sus medidas, incluida la eficiencia energética. Con el nuevo cambio de rumbo, dicha potestad queda reservada a los miembros de la Unión, que podrán proclamar el Estado de alerta si alcanzan un consenso previo.

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