Begoña Gómez vuelve a juicio: Peinado reabre el proceso por malversación y tráfico de influencias

La acusación popular reclama 13 años de prisión para ella, mientras la Fiscalía y su defensa piden su absolución

El juez Juan Carlos Peinado vuelve a enviar a juicio a la esposa de Pedro Sánchez y a su asesora, Cristina Álvarez, después de que la Audiencia Provincial de Madrid corrigiera parte de su primera decisión y dejara sin efecto dos de los delitos inicialmente atribuidos

El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a acordar la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra su asesora, Cristina Álvarez. Ambas deberán responder ante un jurado popular por los presuntos delitos que permanecen vigentes tras la revisión de la Audiencia Provincial de Madrid: tráfico de influencias y malversación en el caso de Gómez, y malversación en el de Álvarez.

La decisión figura en un nuevo auto dictado este lunes por el magistrado, después de que la Audiencia Provincial revisara su primera apertura de juicio oral y dejara sin efecto parte de las imputaciones y las medidas cautelares que había acordado.

Es la segunda vez que Peinado dicta la apertura de juicio oral contra ambas. En junio, el instructor había atribuido a Gómez y Álvarez presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Además, había acordado retirarles los pasaportes y prohibirles salir de España.

Las dos recurrieron ante la Audiencia Provincial de Madrid. El tribunal mantuvo la decisión de llevarlas a juicio, pero delimitó los delitos por los que deberán responder. En el caso de Gómez, dejó vigentes las acusaciones por presunto tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Para Álvarez, únicamente mantuvo la malversación.

El tribunal también decidió separar del procedimiento con jurado al empresario Juan Carlos Barrabés, que continúa investigado por otro aspecto de la causa relacionado con la legalidad de determinadas adjudicaciones de contratos públicos.

Respecto a Gómez, la Audiencia consideró que existen indicios que apuntan a una posible intervención en un supuesto delito de tráfico de influencias tanto en la creación de la cátedra como en una eventual intermediación en favor de Barrabés. También apreció indicios relacionados con una posible malversación vinculada al destino de un software y al uso para fines privados de su asistente personal.

La causa llega ahora a la fase de juicio con posiciones enfrentadas entre las partes. La acusación popular ejercida por Hazte Oír reclama 13 años de prisión para Gómez y seis años para Álvarez. Las defensas de ambas y la Fiscalía, por su parte, solicitan su absolución.

La apertura de juicio oral no supone una declaración de culpabilidad. Las acusaciones deberán acreditar en el juicio los hechos que atribuyen a las investigadas, mientras que serán los órganos judiciales competentes quienes determinen finalmente si existe responsabilidad penal.