Argentina se quedaría en pocos años sin merluza negra por la pesca ilegal que sufre su mar

Los expertos ambientalistas afirman que varias especies están en proceso de extinción

La presentación de una demanda judicial por un grupo de abogados contra la empresa Prodesur S. A., propietaria del buque pesquero de bandera argentina B/P TAI AN, por pesca ilegal destapó un vértice de la desvastación que se está produciendo en el mar argentino a raíz de la pesca ilegal.

La política pesquera del gobierno argentino liberó el mar y sus riquezas y los demandantes señalaron que la pesca o captura de 175 toneladas de merluza negra fue efectuada en violación de las normas vigentes y ocasionó un daño relevante al ecosistema oceánico argentino, y solicitan que los responsables compensen económicamente a “la clase” (en este caso, “toda la comunidad argentina”) por el daño patrimonial, extrapatrimonial o moral y punitivo ambiental.

También, por otro, expertos ambientalistas afirman que varias especies están en proceso de extinción, y en ese contexto, la merluza negra es la más afectada.

En cuestión judicial para que prospere la demanda en cuestiones ambientales, deben darse dos condiciones: la degradación o contaminación efectiva y que el recurso sea interjurisdiccional, como es el caso de la merluza negra, especie migratoria y frágil que está protegida a nivel global y forma parte del patrimonio argentino.

Entre los antecedentes que hay sobre estas clases de demandas judiciales en Argentina, está el reconocido caso la Cuenca Matanza-Riachuelo. Iniciado por los mismos abogados en 2004, un grupo de vecinos presentó una demanda contra el Estado nacional, la provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas, en la que reclamaba la recomposición del ambiente, la creación de un fondo para financiar el saneamiento de esta cuenca y un resarcimiento económico por daños y perjuicios provocados por la contaminación.

El mar argentino, “tierra de nadie”

Los buques de la empresa demandada es un ejemplo relevante de la falta de política pesquera del gobierno argentino. 

En el pasado mes de marzo, la Prefectura Naval Argentina abordó un buque de bandera china que estaba pescando en forma ilegal en el mar argentino.

El incidente se inició cuando las autoridades nacionales, a cargo de la vigilancia de la región, detectaron al pesquero navegando 12 millas adentro de las aguas argentinas y con el sistema de identificación automática (AIS) apagado. 

El barco chino ignoró los intentos de comunicación de parte del buque argentino hasta encontrarse en aguas internacionales donde activó el identificador.

Pasadas apenas unas horas y creyendohaber burlado el control de las autoridades argentinas, volvieron para continuar con la depredación. Sin embargo, el patrullero oceánico retomó la ruta y confirmó la operación irregular de la embarcación.

El buque TAI AN, propiedad de la firma Prodesur S. A. fue detectado en varias oportunidades y se especula que lleva a cabo capturas ilegales de merluza negra desde mediados de febrero y que tendría “paraguas de protección” de funcionarios de la cartera de cancillería que tuvieron que dimitir.

Según un informe del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), organismo cuya misión es asesorar sobre el uso racional de los recursos ictícolas, entre el 4 de febrero y el 11 de marzo de 2024, el pesquero TAI AN capturó 175 toneladas de merluza negra, utilizando redes de arrastre de fondo a una profundidad promedio de 450 metros. Este arte de pesca está prohibido y, según el INIDEP, la captura de juveniles superó ampliamente el límite permitido.

Por otro lado, el buque mencionado no posee autorización para la pesca de merluza negra desde 2020. 

Merluza negra

Esta especie se encuentra protegida por el Consejo Federal Pesquero (CFP), mediante un régimen de cuotas individuales transferibles de capturas (CITC), que están asignadas a tres barcos en Argentina pertenecientes a las empresas nacionales. Y cuenta también con la protección internacional que exige que las embarcaciones cumplan con la cuota asignada para las capturas.