Anticorrupción se querella contra Koldo García en la trama de comisiones en contratos de mascarillas

Se observa un “incremento patrimonial notable” por parte de García después de las operaciones

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella que señala a Koldo García, exasesor del también exministro José Luis Ábalos, como el presunto intermediario en un escándalo de corrupción que afecta al Ministerio de Transporte durante la pandemia.

La querella destaca el papel de García en la coordinación de información que condujo a la contratación de la empresa Soluciones de Gestión a cambio de beneficios económicos. Se resalta un “incremento patrimonial notable” por parte de García después de estas operaciones.

La querella sugiere que Soluciones de Gestión pudo haber sido preseleccionada para obtener contratos de suministro de mascarillas, aprovechando la cartera de Transportes. Se enfoca en el breve intervalo entre la publicación de las órdenes ministeriales y las adjudicaciones realizadas por Puertos del Estado y ADIF en el mismo día, insinuando la posibilidad de un acuerdo previo entre la empresa y la Administración Pública.

Koldo García, que desempeñó sus funciones como asesor entre junio de 2018 y julio de 2021, habría facilitado su relación con Soluciones de Gestión a través de su amigo Víctor de Aldama Delgado. La querella también señala indicios de negociaciones previas con otras empresas antes de la adjudicación del primer contrato.

La Fiscalía centra su atención en contratos específicos, como el adjudicado en marzo de 2020 por Puertos del Estado y otro por ADIF, ambos relacionados con el suministro de mascarillas. También se investiga un contrato de abril de 2020 por la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del Interior.

Victor Aldama, implicado en un delito de blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias

El texto de la querella identifica a Koldo García como la fuente clave de información y destaca su implicación en el “incremento patrimonial notable”. Además, menciona a Víctor de Aldama Delgado y otros implicados en delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

En cuanto a Soluciones de Gestión, la querella destaca su rápido crecimiento económico en 2019, alcanzando los 53,13 millones de euros gracias a adjudicaciones directas. Se menciona la propiedad de la empresa y su control por parte del grupo Cueto, vinculado a Aldama desde 2018.

Aldama habría utilizado dos sociedades para recibir pagos de Soluciones de Gestión, y se señala la participación de Rotaeche y Cueto en la ejecución de contratos, así como la relación societaria posterior entre Cueto, Aldama y la inversión en negocios relacionados con pizarras.

La querella también aborda la relación económica entre Koldo García y Patricia Uriz, su pareja, detallando ingresos y disposiciones de efectivo. Se destaca el intento de ocultar parte del patrimonio a través de familiares. Los seguimientos y escuchas revelan una relación más allá de la ejecución de contratos, con la compra de fincas rústicas por parte de algunos implicados.

A pesar de no encontrarse irregularidades significativas en los procedimientos de contratación pública, la querella destaca los riesgos inherentes a las adquisiciones de emergencia y su vulnerabilidad a prácticas ilícitas.

Ofensiva parlamentaria de PP y Vox por el escándalo de corrupción en contratos anticovid

La sesión de control al Gobierno en el Congreso se centrará esta semana en la implicación del militante socialista Koldo García en una supuesta trama de comisiones en contratos de material anticovid durante la pandemia. PP y Vox han lanzado preguntas dirigidas al presidente Pedro Sánchez y a cuatro ministros, buscando esclarecer la información sobre este escándalo.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, abrirá la sesión con una pregunta directa al presidente Sánchez sobre la capacidad de su Gobierno para enfrentar escándalos. El portavoz del PP, Miguel Tellado, se dirigirá al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, para conocer qué información tenía el Gobierno sobre la trama de corrupción.

Vox también ha registrado preguntas, una dirigida a Félix Bolaños para indagar sobre la posible implicación de algún miembro del Gobierno en el caso Koldo. Cuca Gamarra, secretaria general del PP, se enfoca en el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuestionando las razones de la investigación del ministerio en la Operación Delorme, que llevó a la detención de Koldo García.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, será interpelado por Ester Muñoz del PP, quien busca información sobre la “trama corrupta” en su ministerio. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, enfrentará preguntas sobre la vinculación de la trama con los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias.

El PSOE ha negado tener conocimiento de la trama de corrupción en la que está supuestamente implicado Koldo García. La oposición exige explicaciones y algunos incluso piden la renuncia de José Luis Ábalos, mientras el Ejecutivo se enfrenta a una interpelación urgente del PP para rendir cuentas por los hechos que llevaron a las detenciones en la venta de mascarillas durante la pandemia.

La delegación de Ciudadanos en la Eurocámara alerta a la Fiscalía Europea

La Delegación de Ciudadanos en la Eurocámara ha levantado la voz de alarma al dirigir una carta a la Fiscalía europea, destacando el posible fraude en la compra de mascarillas vinculado al caso Koldo. En un comunicado, los eurodiputados expresaron su preocupación por la posible implicación de fondos europeos FEDER en este escándalo.

La carta subraya la gravedad de la situación, alertando sobre la posibilidad de que fondos estructurales terminaran financiando actividades ilícitas vinculadas a una organización criminal presuntamente liderada por Koldo García Izaguirre, asesor del exministro José Luis Ábalos.

La detención del asesor, ocurrida el pasado miércoles junto con otras nueve personas, se basa en presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho en la adquisición de mascarillas durante la pandemia. La ‘Operación Delorme’, como se la conoce, apunta a la presunta adjudicación irregular de contratos públicos y a cobros ilegales de comisiones por un monto cercano a los diez millones de euros durante los meses críticos de la crisis sanitaria.

La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos, Eva Poptcheva, condenó enérgicamente el escándalo, calificándolo como otro golpe a la credibilidad de las instituciones bajo el actual Gobierno. Criticó la politización de ciertas instituciones que resulta en contrataciones basadas en amistades y cadenas de favores.