Hoy: 12 de diciembre de 2024
El Pleno del Congreso se prepara para debatir este martes una nueva moción de reprobación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, impulsada por el PP y Vox. Esta iniciativa llega tras la controversia que rodea al cargo, quien ya fue cuestionado en el Senado por supuestos “incumplimientos” de sus funciones y por su implicación en una investigación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La reciente iniciativa del PP tiene su origen en la apertura de una investigación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, relacionada con la supuesta revelación de secretos en la que García Ortiz desmintió la versión oficial de la Comunidad de Madrid sobre la regularización de Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Tras meses de espera, los populares han decidido llevar la proposición no de ley al Pleno del Congreso para su debate y votación.
El texto de la propuesta, según informa Europa Press, incluye otros casos de incumplimientos, como las sentencias del Tribunal Supremo que invalidaron nombramientos del fiscal general, como el de la exministra Dolores Delgado como fiscal de sala, así como sus enfrentamientos con el Consejo Fiscal por las amenazas a fiscales implicados en el procés.
El PP sostiene que “es inaceptable que Álvaro García Ortíz permanezca en el cargo, ya que ignora las preocupaciones de la carrera fiscal y del Consejo Fiscal”. Argumentan que los sucesos mencionados reflejan “graves incumplimientos” de las funciones del fiscal general, que desacreditan a la carrera judicial y a la democracia en general.
Por su parte, Vox también se unirá a la reprobación, planteando su propia moción en la que destacan la necesidad de destituir de manera “inmediata” a García Ortíz debido a la causa abierta en el Tribunal Supremo por revelación de secretos en el ejercicio de su cargo. Además, Vox ha instado al Gobierno a modificar la ley del Estatuto del Ministerio Fiscal para hacer vinculante la audiencia del Consejo General del Poder Judicial en el nombramiento del fiscal general.
Finalmente, Vox exige que se adopten las medidas necesarias para asegurar la idoneidad, imparcialidad, competencia profesional e independencia del fiscal general del Estado.