La Audiencia de Sevilla y el Supremo interpretaron mal el delito de prevaricación y vulneraron el derecho a la presunción de inocencia de Miguel Ángel Serrano Aguilar
Los agentes supieron que un grupo autodenominado "Grupo de Acción Ciudadana" exigía a un empresario murciano el pago de 100.000 euros bajo amenaza de represalias contra él y su familia