El Constitucional anula la pena de seis años y medio de cárcel al exdirector del grupo IFA por el caso ‘ERE’

La Audiencia de Sevilla y el Supremo interpretaron mal el delito de prevaricación y vulneraron el derecho a la presunción de inocencia de Miguel Ángel Serrano Aguilar

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido anular la sentencia de seis años y medio de prisión que se le imputó al exdirector general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar por prevaricación en concurso con malversación en el caso de los ERE, lo que le permite salir de la cárcel.

El tribunal de garantías ha informado que ha aceptado parcialmente el recurso que presentó la defensa del excargo de IFA/IDEA por siete votos frente a cuatro, al considerar que la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo interpretaron mal el delito de prevaricación y vulneraron su derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo, la queja presentada sobre la anticipación del fallo no ha sido aceptada por el Pleno.

La decisión del tribunal ha contado con los votos particulares de los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y César Tolosa y Concepción Espejel. Según ha informado el TC, también hay un voto concurrente de María Luisa Segoviano.

Cabe recordar que Serrano Aguilar fue condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla a seis años y medio por un delito de prevaricación en concurso con un delito continuado de malversación y a 17 años de inhabilitación. El Tribunal Supremo confirmó su condena.

Tanto la Audiencia de Sevilla como el Supremo consideraron que Serrano Aguilar firmó, en su calidad de director general del IFA/IDEA, convenios particulares con la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social para el pago de ayudas sociolaborales y empresas en crisis con cargo a los fondos de la partida presupuestaria 440 del programa 3.1 L de las respectivas leyes de Presupuestos.

No aprecia arbitrariedad en los convenios

Ahora, el Constitucional fija que ambos tribunales realizaron una interpretación y aplicación imprevisible del delito de prevaricación, prohibida por el derecho a la legalidad penal.

Según el tribunal, aunque las firmas de convenios particulares puedan ser consideradas resoluciones recaídas en asunto administrativo, no puede apreciarse que incurran en arbitrariedad porque estaban amparadas en las leyes de Presupuestos de Andalucía 2002-2009.

Los magistrados sostienen que “no puede” decirse que la actuación amparada en las leyes de presupuestos, concretamente en el programa 3.1 L, es ilegal cuando esa actuación se lleva a cabo de acuerdo con lo que las memorias de las leyes de presupuestos establecen al respecto.

Los recursos de los ERE

El Pleno ha abordado el caso de Serrano Aguilar después de que el 18 y 19 de junio resolviera los amparos de los exconsejeros José Antonio Viera y Magdalena Álvarez. Al primero le desestimó el recurso porque su argumentación era genérica; a la segunda, le estimó parcialmente el recurso al anular la condena y ordenar a la Audiencia de Sevilla que dictara una nueva sentencia que rebaje la pena.

El Constitucional tiene reservados este miércoles y jueves para continuar deliberando sobre una batería de asuntos, entre los que figuran otros cuatro recursos relativos a los ERE: el del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el del exconsejero de Justicia y Administración Pública Jesús María Rodríguez Román y el del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo.