La Audiencia Nacional absuelve a Iberdrola y a cuatro directivos de manipular el precio de la electricidad

El juez sostiene que la energética «puso en el mercado toda la energía hidroeléctrica de que disponía»

La Audiencia Nacional ha absuelto a Iberdrola Generación España y a cuatro de sus directivos del delito relativo al mercado y a los consumidores del que les acusaba la Fiscalía por el incremento del precio de la energía a finales de 2013.

En la sentencia, el magistrado del Juzgado Central de lo Penal, José Manuel Fernández Prieto, destaca que el Ministerio Público sostenía que los directivos habían participado en idear un sistema que alteró el precio que pagaban los consumidores. Sin embargo, el juez concluye que el departamento de Gestión de la Energía de Iberdrola «gozaba de autonomía en la toma de decisiones» y que su actuación no estaba sujeta al control de la alta dirección de la compañía.

El juez argumenta que el aumento de precios se debió a la oferta de energía hidroeléctrica en el mercado, y no a un plan urdido por los acusados. Además, señala que la energía hidroeléctrica estaba sujeta al libre mercado y que no se violó ninguna normativa al ofertarla a un precio que, aunque era considerado excesivo por la acusación, no estaba prohibido legalmente.

El juez critica también a los peritos de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC), alegando que realizaron su juicio de valor en base a un procedimiento poco claro. Señala que la evidencia presentada por la CNMC no sustenta adecuadamente las acusaciones y que los criterios de razonabilidad utilizados no fueron explicados de manera adecuada.

No hay pruebas que refuten que Iberdrola actuó como represalia

En cuanto a la teoría de que Iberdrola actuó como represalia contra el Gobierno por la retirada de una partida presupuestaria destinada al déficit eléctrico, el juez argumenta que no hay pruebas que respalden esta tesis y que las tensiones entre el Gobierno y las compañías eléctricas eran habituales.

En resumen, la sentencia concluye que no existen pruebas suficientes para condenar a Iberdrola Generación España y a sus directivos por el delito del que se les acusaba, destacando la falta de fundamentos legales y la ausencia de violación de normativas en la actuación de la compañía.