El Poder Judicial quiere nombrar presidente suplente del Tribunal Militar Central al general que estuvo dos años sin ir a su despacho

Barrada cobra dinero de Defensa por “especial dedicación” y a la vez es profesor en una universidad privada

Uno de los profesores del prestigioso máster en Derecho y Negocio Marítimo que ofrece desde hace años el ICADE, de la Universidad de Comillas, Madrid, es, según figura en la web de este centro, el general auditor del Ministerio de Defensa Alfonso Barrada, quien puede estar cometiendo una falta grave porque cobra por “dedicación especial” un suplemento mensual de dinero -algo más de 1.100 euros, aparte de su sueldo- que le impide realizar trabajos privados sin que previamente se le haya otorgado la compatibilidad.

Este general es el mismo al que la ministra de Defensa Margarita Robles ascendió hace varios años de coronel a general sin que hubiera ninguna plaza vacante para ese puesto y también quien, durante 23 meses, utilizó como oficina la sede del Tribunal Central Militar en la convicción de que iba a ser nombrado presidente de ese tribunal.

Pero el nombramiento no se produjo (aún sigue en el aire) y el nuevo general permaneció casi dos años en esa sede en una situación parecida a la de okupa. A ella acudía varias veces por semana, a pesar de que su oficina estaba realmente en la asesoría jurídica de Defensa.

Tras aflorar a través de este medio que Barrada llevaba muchos meses sin acudir a su puesto de trabajo como general auditor en Defensa, sin que sus jefes le dijeran nada, se le habilitó por fin un despacho en el ministerio. Barrada fue nombrado general auditor por Robles a pesar de que no existía en ese momento ninguna plaza vacante y ante el profundo malestar de los coroneles que aspiraban a ese puesto y entendían que reunían más méritos que él para ser general.

Pero la ministra se decantó por él influenciada por amigos comunes, señalan fuentes de Defensa. Y, además, lo hizo con la intención de nombrarle después presidente de Tribunal Central Militar, con sede en Madrid. De esa forma tendría a alguien de su cuerda al frente de un tribunal en el que acaban muchos de los asuntos que realiza su ministerio.

La trastienda

Sin embargo, nada salió según lo previsto en la trastienda, y esa intención quedó frustrada porque el Gobierno de Pedro Sánchez hizo una ley para quitar a los miembros del Consejo del Poder Judicial su facultad tradicional de realizar nombramientos de altos cargos judiciales, y todo ello con la finalidad de forzar al PP a pactar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato está prorrogado desde hace más de cuatro años. Por ese motivo, el ideado nombramiento de Barrada se quedó estancado.

Recientemente, sin embargo, se ha producido un movimiento. Los vocales conservadores del Poder Judicial, que son mayoría en este órgano, para ladear la ley que les impide realizar nombramientos, han decidido cubrir las decenas de plazas vacantes de altos cargos judiciales que hay en la actualidad mediante la figura de la suplencia.

Es decir, nombrar suplentes en las vacantes que hay. Lo que, de facto, supondría a la postre convertir tales designaciones en definitivas.

“Si se nombra a alguien suplente de una vacante, luego no es fácil apartarle de ese puesto y lo normal es, haya el Consejo que haya, confirmar su nombramiento definitivamente. Es una treta legal que pretende saltarse la imposición legal de Sánchez para que el Consejo no haga nombramientos de altos cargos mientras este no se renueve con la esperanza de que llegue el momento en que la mayoría del Consejo sea socialista, de los suyos”, sostienen fuentes jurídicas.

Fuentes de Defensa señalan que, aun siendo graves los nombramientos judiciales a través de suplencias, otro dato preocupante sobre el general Barrada es que está dando clases en el ICADE pese a que percibe de Defensa un suplemento de dedicación especial, lo cual es incompatible y está considerado una falta grave. Salvo que el general, en su caso, hubiera solicitado con éxito la compatibilidad a Defensa.

Barrada pertenece como general, todavía sin vacante, al cuerpo de auditores jurídicos del Ministerio de Defensa. Y este es precisamente el organismo que sanciona a los militares cuando incurren en incompatibilidad, lo que se da con bastante frecuencia.

No se puede cobrar un complemento por especial dedicación (algo más de 1.000 euros al mes) y dar a la vez clases sin obtener previamente la autorización de compatibilidad. Hacerlo sin tenerla es, por tanto, un falta grave. Este periódico ha intentado sin éxito recabar la versión de Defensa.

Se le llama ICADE al Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresas. Pertenece a la Universidad Pontificia de Comillas, de la Compañía de Jesús, y es un prestigioso centro universitario privado en el que la alta burguesía española y sobre todo madrileña matricula a sus vástagos para obtener sus grados universitarios. Es uno de los semilleros del que tradicionalmente se vienen extrayendo las élites de la política, el mundo de los negocios y los grandes despachos de abogados.

Los alumnos de Derecho del ICADE pagan unos 13.000 euros anuales por cada uno de los cuatro cursos precisos para obtener el grado. La carrera viene a costar unos 50.000 euros. Y 75.000 si se hace un doble grado. El ICADE ofrece másteres y cursos especializados y para ello contrata a profesores y especialistas en diferentes materias.

Está situado en la calle Alberto Aguilera 23, de Madrid. Y uno de los máster que ofrece es el de Derecho y Negocio Marítimo. En su cuadro de profesores de este máster se halla, según la web del centro, el citado Alfonso Barrada, que figura como magistrado en excedencia y perteneciente a la Asesoría Jurídica del Cuartel General de la Armada.

Desde junio de 2021 es general auditor del Cuerpo Jurídico Militar de la Defensa. Fue nombrado por Robles, como se ha indicado anteriormente, sin que hubiese plaza vacante para ese puesto, y sin que el jefe de esta asesoría, el general consejero togado Afonso Rodríguez hiciera nada ante ese supuesto delito de abandono de destino, como se hace en el caso de cualquier militar que deja de comparecer por su destino.

El general Afonso Rodríguez, según fuentes de Defensa, no habría podido permitir esta anómala e ilícita situación si no hubiera contado para ello, primero con la connivencia de las subsecretarias de Defensa, Amparo Valcarce (hoy Secretaria de Estado de Defensa), y de Adoración Mateos, segundo, de las que dependen los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, entre ellos el Jurídico Militar. Y también de la propia ministra Margarita Robles.