La Iglesia registra a 728 agresores y a 927 víctimas en su seno desde 1945

La Conferencia Episcopal presenta el informe ‘Para dar luz’, que contabiliza los casos de abusos sexuales dentro de la institución

Este jueves, la Conferencia Episcopal ha presentado un informe sobre abusos sexuales dentro de la Iglesia en España: Para dar luz. El documento registra a 728 agresores y a 927 víctimas menores desde 1945. Entre los primeros, los consagrados (sacerdotes y otros religiosos) representan el 80%. Poco más del 12% son laicos. También están implicados un diácono y otras personas, cuya condición eclesial no pudieron detallar los afectados.

Otro dato inquietante es el hecho de que casi el 64% de los agresores ha fallecido, mientras que el 36,4% sigue vivo. Casi todos ellos son hombres, alrededor del 83%. «La orientación de los abusos es mayoritariamente de carácter homosexual masculino, alcanzando el 81,89% de los casos», concluye la Conferencia Episcopal.

En torno al registro de denuncias, los años setenta son la década en la que más hubo: 172. Por su parte, desde 2010 hasta 2020, también se hacen oficiales varios casos. Concretamente, 60. Y en el inicio de esta década, se ha producido un repunte de 34, 16 de los cuales están reflejados en 2022.

La misma investigación en los países vecinos

Además, de la Conferencia Episcopal, el Defensor del Pueblo investiga los abusos dentro de la Iglesia, por mandato del Congreso. Aunque formaciones como Unidas Podemos, ERC y Bildu exigen que los implicados comparezcan en el Parlamento. Una opción que rechazó la comisión de la cámara.

Dentro de la UE, los ejemplos de Portugal y Francia son similares. Sin embargo, en el país luso, aunque la Iglesia haya impulsado las investigaciones, estas están comandadas por dos psiquiatras, una socióloga, una trabajadora social, una directora de cine y un exministro de Justicia. Se trata de una investigación multidisciplinar, en vez de una realizada exclusivamente por abogados.

En tierras galas, la Iglesia se encarga de la investigación. Y en el informe definitivo que sacó a la luz en 2021, recomienda la creación de un mecanismo para indemnizar a las víctimas o que la propia institución aclare que el secreto de confesión no cubre estos delitos. Aparte de estos gestos, se comprometió a vender parte de sus bienes para afrontar el pago de las compensaciones.

Por otro lado, en España, la Conferencia Episcopal contrató al bufete de abogados Cremades & Calvo Sotelo para realizar una auditoría externa. Esta decisión causó controversias por el vínculo de su presidente, el letrado Javier Cremades, con el Opus Dei. Además, sigue habiendo bastante desconfianza entre las víctimas sobre el compromiso de la Iglesia en este asunto. El colectivo de afectados Infancia Robada anunció en su día que no colaborará en las investigaciones dirigidas por los obispos.