El PP pedirá explicaciones en el Congreso a la ministra Llop sobre la huelga de los letrados de Justicia

El parón de los LAJ deja ya unas 125.000 vistas suspendidas y 432 millones de euros bloqueados

El PP pedirá explicaciones este miércoles en el Congreso a la ministra de Justicia, Pilar Llop, sobre la huelga indefinida de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que comenzó el pasado 24 de enero y que, según datos de los convocantes, ha supuesto la suspensión de al menos unas 125.000 vistas y el bloqueo de 432 millones de euros en cuentas judiciales.

Los ‘populares’ pedirán a Llop que informe “sobre la propuesta y ejecución de la política de gobierno para el desarrollo del ordenamiento jurídico en materia de derecho penal, civil, mercantil y procesal, competencia que tiene atribuida en virtud del artículo del real decreto 453/2020, de 10 de marzo”.

A este respecto, el PP recuerda que en su artículo 1 dispone que corresponde al Ministerio de Justicia “la propuesta y ejecución de la política del Gobierno para el desarrollo del ordenamiento jurídico, especialmente en materia de derecho penal, civil, mercantil y procesal; la política de organización y apoyo de la Administración de Justicia, así como la cooperación con las comunidades autónomas en coordinación con los demás departamentos competentes en la materia”. Tras la interpelación urgente a la titular de Justicia, el Partido Popular redactará una moción que se debatirá y votará en el Pleno que arrancará el 21 de febrero en la Cámara Baja.

El PP exigirá explicaciones a Llop justo un día antes de que el comité de huelga y el Ministerio de Justicia se reúnan por primera vez desde que comenzó el parón ‘sine die’ de los LAJ. Las asociaciones convocantes del parón han reprochado que el Ministerio les haya convocado para el próximo jueves, advirtiendo de que dará tiempo a que se suspendan otros 55.000 juicios y se bloqueen otros 150 millones de euros.

El conflicto

El conflicto que tiene su origen en “la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas”, en especial la de 2015, lo que, según las tres asociaciones, ha provocado un “insoportable desequilibrio”.

Señalan como “detonante” del conflicto el acuerdo que el Ministerio firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales “sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021”. En síntesis ese acuerdo significaba un aumento para los letrados de justicia, en función de que éstos llevarán a cabo las tareas retiradas a los jueces.

Antes de que empezara la huelga, Llop pidió al comité de huelga que huyera de “posiciones maximalistas” porque impedían “buenos acuerdos”. Por su parte, el secretario de Estado de Justicia, Antonio ‘Tontxu’ Rodríguez, aseguró que la huelga de los LAJ era una medida “política” y que estaba “fuera de lugar”.

Rodríguez incidió en que “cualquier tipo de reclamación económica que tiene lugar en esta huelga no tiene sentido”, puesto que Justicia “ha cumplido todos los acuerdos” alcanzados con la representación de estos trabajadores.

Al margen, la semana pasada el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Óscar López, transmitió a los LAJ que son “una pieza esencial” del Poder Judicial y expresó su “confianza” en que las negociaciones con el Ministerio “puedan concluir en un acuerdo razonable y satisfactorio”.