El Gobierno aprueba una ley de servicios sociales que recoge prestaciones comunes básicas para toda España

La ley recoge la creación por primera vez de la historia social única y ofrece un catalogo básico y común que tendrán que cumplir todas las CC.AA.

El Gobierno aprobará este martes 17 de enero en Consejo de Ministros la ley de servicios sociales, según ha informado el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. En concreto, la ley mandata a las comunidades autónomas acordar, en el seno de la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales, un catálogo común de servicios y prestaciones básicos para todo el territorio nacional.

El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha asegurado, en declaraciones a Europa Press que esta ley es «una reivindicación histórica del sistema público de servicios sociales«.

Ramirez ha destacado que esta nueva norma «va a recoger la historia social única», algo que considera fundamental pues, en estos momentos, no existe un sistema unificado con datos oficiales para toda España. Por otro lado, la ley también considerará esenciales a los profesionales del sector.

El presidente de los gerentes ha asegurado no entender porque si el estado del bienestar se apoya en la salud, educación, pensiones y servicios sociales, por qué Servicios Sociales no disponía aun de una ley reguladora de este tipo. También que esta ley es «absolutamente necesaria» porque «ofrece una garantía básica de las prestaciones mínimas que se van a dar en todo el Estado», ha explicado.

«No puede ser» que un ciudadano tenga o no acceso a una determinada prestación dependiendo de la comunidad autónoma donde viva aunque la necesidad sea la misma en una comunidad o en otra. Actualmente, por ejemplo, ante casos similares, no todas las CCAA ofrecen ayuda a domicilio, algo que cambiaría con esta ley pues se debería establecer un catálogo de servicios básicos comunes para todo el territorio español.

Esta ley de servicios sociales está comprometida con la Comisión Europea como parte del hito 315 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y obliga a que la misma se apruebe antes del 30 de junio de 2023. «Si no se aprueba la ley se corre el riesgo de que se pierdan los desembolsos de los fondos Next Generation», ha avisado. Y ha insistido en que la ley se tramite con urgencia.

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