El Tribunal Constitucional se acerca a un giro decisivo en uno de los asuntos más sensibles de la amnistía. El propio ponente del caso ha aceptado redactar una sentencia contraria a su criterio inicial. José María Macías defendía originalmente negar el amparo. Su ponencia respaldaba la tesis del Tribunal Supremo de no perdonar la malversación vinculada al proceso independentista.
Sin embargo, esa posición no logró el respaldo del bloque considerado progresista dentro del tribunal de garantías. Ante ese escenario, Macías ha optado por elaborar una nueva ponencia alineada con el sentir mayoritario.
El recurso examinado corresponde al exconsejero de Junts Jordi Turull. Cuestiona la interpretación del Supremo, que sostiene que hubo beneficio personal para los líderes del ‘procés’ en el delito de malversación y que, por tanto, no cabe amnistiar ese delito.
Este movimiento llega después de un pronunciamiento clave del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El organismo europeo descartó otro de los argumentos del Supremo para bloquear la medida de gracia.
En concreto, el TJUE rechazó que el referéndum ilegal hubiera afectado a los intereses financieros de la Unión. Esa era una de las dos razones esgrimidas hasta ahora para no aplicar la amnistía.
En su ponencia original, Macías defendía que el Supremo no había incurrido en arbitrariedad. Consideraba que su interpretación se ajustaba a la doctrina vigente sobre el delito de malversación, sin atisbo de mala fe hacia el recurrente.
Los recursos de otros dirigentes independentistas seguirán un camino distinto. Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa tendrán que esperar a plenos posteriores para conocer su situación.
Mientras tanto, el Supremo mantiene por ahora su negativa a amnistiar a Puigdemont. Hace apenas unos días, el tribunal rechazó su petición, ya que el expresident sigue procesado al no haber sido juzgado por su huida.
El instructor del caso, Pablo Llarena, tampoco aceptó levantar la orden de detención que pesa sobre él. Argumentó que la sentencia del TJUE no resuelve la cuestión del beneficio personal que él aprecia en el caso.
Llarena insistió en que las sentencias del Constitucional dictadas hasta ahora no han zanjado esa discusión concreta. Ni la confirman ni la descartan, según explicó en su auto.
El magistrado matizó además que su negativa actual no cierra la puerta a una revisión futura. Aclaró que no convierte la falta de amnistía en justificación automática para mantener cualquier medida cautelar.
Fuentes del Supremo han adelantado que Llarena acelerará su decisión sobre Puigdemont en cuanto conozca el criterio final del Constitucional. Si la resolución sobre Turull resulta favorable a la amnistía, el instructor podría no esperar a una sentencia específica sobre el propio expresident para aplicarla.