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Sánchez utiliza a la abogacía del Estado para tumbar la suspensión de decenas de miles de nuevos votantes de la «ley de nietos»
La Abogacía del Estado pide anular el Auto del Supremo de 10 de septiembre, que congela la inscripción en el CERA de los extranjeros
La Abogacía del Estado presentó el 21 de septiembre un recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. El objetivo es revocar el auto del 10 de septiembre que acordó medidas cautelares sobre la inscripción electoral de nuevos ciudadanos españoles acogidos a la Ley de Memoria Democrática, conocida como «ley de nietos».
El procedimiento parte de un recurso de Iustitia Europa contra un acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC). La formación cuestiona cómo se aplica la disposición adicional octava de la Ley 20/2022. Esta norma permite acceder a la nacionalidad española a determinados descendientes de exiliados durante la Guerra Civil y el franquismo.
La JEC se declaró incompetente para revisar las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Tras recurrir Iustitia Europa, el Supremo acordó suspender cautelarmente determinadas incorporaciones al censo.
La Abogacía cuestiona la decisión del Supremo
El recurso del Estado presenta ocho argumentos contra el auto. La Abogacía considera que el tribunal ha ido más allá de una decisión cautelar y ha entrado en cuestiones que corresponden al fondo del procedimiento.
También diferencia entre la concesión de la nacionalidad, la inscripción en el censo y la instrucción administrativa de 2022. Según sostiene, las nacionalidades concedidas ya son firmes y no forman parte del recurso.
Además, señala que cerca de 170.000 personas podrían resultar afectadas sin haber participado en el procedimiento. La Abogacía considera que esta situación puede afectar a sus garantías procesales y a su derecho al voto.
El impacto electoral
Según los datos aportados, 168.896 personas figuraban inscritas hasta el 31 de agosto bajo el primer supuesto de la norma. La cifra alcanza las 369.017 si se incluyen todas sus modalidades.
El Estado calcula que, teniendo en cuenta la participación habitual del voto exterior, su impacto rondaría el 0,06% de los votos emitidos.
Por ello, la Abogacía pide al Tribunal Supremo que revoque las medidas cautelares y permita mantener las inscripciones mientras resuelve el fondo del litigio.
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