Un tribunal de Tarragona se inhibe y traslada al Supremo la pugna competencial del caso del despacho de los amigos del ex ministro Montoro

El tribunal catalán declara que carece de competencia funcional para decidir si la instrucción debe seguir en Tarragona o trasladarse a Madrid

La Audiencia Provincial de Tarragona ha decidido no resolver la disputa sobre qué juzgado debe hacerse cargo del denominado caso Montoro. La causa investiga al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y a más de una treintena de personas por presuntas irregularidades relacionadas con reformas legislativas favorables a determinadas empresas.

En un auto fechado el 21 de septiembre, la Sección Segunda concluye que carece de competencia para decidir si la investigación debe continuar en el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona o trasladarse a Madrid. La cuestión queda ahora en manos del Tribunal Supremo.

Las defensas reclaman trasladar el caso a Madrid

El conflicto comenzó en marzo de 2026, cuando la representación de Equipo Económico, despacho fundado por Montoro en 2006, planteó una cuestión de competencia. Numerosas defensas se sumaron posteriormente a esta petición.

Su principal argumento sostiene que el núcleo de los hechos investigados se habría producido en Madrid. Allí se encuentran tanto la sede del despacho como los principales organismos de la Administración implicados en las reformas investigadas.

La Fiscalía, el PSOE —personado como acusación— y otras partes se opusieron al traslado. Defienden que parte de los hechos investigados también guarda relación con Tarragona y consideran justificado que el juzgado que lleva años instruyendo el procedimiento mantenga la causa.

El Supremo tendrá que decidir

La Audiencia de Tarragona no entra a valorar cuál de las dos posiciones tiene razón. Su decisión responde a una cuestión procesal.

El tribunal explica que podría resolver directamente el conflicto si afectara a juzgados de una misma provincia. Sin embargo, la disputa enfrenta la competencia de órganos judiciales de Tarragona y Madrid. Por este motivo, considera que corresponde al Tribunal Supremo pronunciarse.

Además, existe otro procedimiento pendiente relacionado con esta misma cuestión. El juez instructor se declaró competente en abril de 2026 y las defensas recurrieron esa decisión.

La Audiencia reconoce que mantener dos vías simultáneas puede provocar resoluciones contradictorias. Aun así, considera que no puede resolver la cuestión mediante el procedimiento planteado por las defensas.

Una investigación abierta desde 2018

El caso se remonta a 2018 y permaneció bajo secreto durante varios años. La investigación analiza los pagos realizados por empresas del sector del gas a Equipo Económico y su posible relación con cambios legislativos que habrían beneficiado a estas compañías.

La instrucción investiga presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

La decisión sobre dónde debe continuar la investigación queda ahora pendiente del Tribunal Supremo, mientras sigue abierta la batalla procesal entre las distintas partes del procedimiento.