Largas colas, campamentos improvisados y muchas horas de espera: la situación de miles de migrantes para conseguir la regularización en España

Con horarios de atención que apenas llegan a las 13:00 horas y una dotación de personal insuficiente para el volumen de demanda, el sistema se ha convertido en un embudo

A las puertas de los Servicios Sociales de Roquetas de Mar, en Almería, la burocracia ha dejado de ser un trámite para convertirse en un campamento de resistencia. Entre mantas, sillas de playa y sombrillas para protegerse del sol, cientos de migrantes pernoctan a la intemperie para no perder su turno en una fila que avanza con lentitud. El objetivo es obtener el certificado de vulnerabilidad, un documento esencial para quienes no tienen arraigo familiar o contrato de trabajo. La escena es curiosa: para demostrar que son personas vulnerables y aptas para la regularización, el sistema les obliga a pasar días y noches en la calle frente a la propia administración pública.

La gestión de esta regularización extraordinaria está evidenciando una preocupante falta de recursos en ayuntamientos de toda España, desde el sur hasta localidades como Hospitalet de Llobregat en Barcelona. Con horarios de atención que apenas llegan a las 13:00 horas y una dotación de personal insuficiente para el volumen de demanda, el sistema se ha convertido en un embudo. «Estamos aguantando hambre, sol y frío», lamentan quienes hacen relevos para no perder un sitio que les ha costado días ganar. La queja es unánime: la falta de organización y la negativa a ampliar horarios están frenando en seco un proceso que nació para dar luz y seguridad jurídica a miles de personas.

Las primeras estafas

Este vacío institucional ha propiciado la aparición de un mercado negro tan lucrativo como inmoral. Ante la imposibilidad de conseguir una cita previa por los canales oficiales, han surgido estafadores que comercian con la desesperación, llegando a cobrar hasta 200 euros por trámites que, por ley, son totalmente gratuitos. Este «impuesto revolucionario» de la burocracia no solo desvalija los escasos ahorros de los migrantes, sino que introduce una injusta brecha de acceso: en la carrera por la legalidad, solo avanza quien puede pagar el peaje del engaño o quien tiene la resistencia física para aguantar cuatro noches seguidas en la calle.

La situación se complica aún más con la entrada en escena de falsos gestores y profesionales no colegiados que han visto en el caos una oportunidad de negocio. Despachos de abogados especializados, como el de Carlos Lacaci, denuncian la proliferación de expedientes contaminados por documentos y citas falsificadas. Muchos migrantes, creyendo que contrataban una ayuda legítima para navegar el laberinto administrativo, descubren tarde que han sido víctimas de una estafa que no solo les hace perder dinero, sino que pone en riesgo su futura regularización al presentar ante el Estado documentación fraudulenta sin saberlo.