El juez Peinado pretende que un jurado popular se encargue también de juzgar a Begoña Gómez por otros cuatro delitos

El magistrado cita el próximo 6 de octubre a la mujer del presidente para comunicar oficialmente su decisión

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido que la causa principal contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, también sea juzgada por jurado en caso de llegar a juicio. Esta resolución se suma a la adoptada la semana pasada respecto a la pieza separada por malversación. Ahora, el procedimiento afecta a los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional y apropiación indebida de marca.

La decisión generó un fuerte debate jurídico, ya que implica que un tribunal compuesto por ciudadanos legos en derecho determine la culpabilidad. Tanto Gómez como su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, han recurrido ya esta vía procesal en la causa de malversación, pero el juez ha repetido el mismo criterio en la pieza principal. Según Peinado, el tráfico de influencias está dentro de los supuestos previstos por la Ley del Jurado, lo que arrastra al resto de delitos investigados.

El próximo 6 de octubre, a las 17.30, Peinado ha citado a Gómez, Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés y demás partes para comunicar oficialmente esta decisión. Se trata de un trámite similar al que se realizó el sábado pasado por la causa de malversación, al que no asistieron los investigados, sino únicamente sus abogados.

Investigación contra Begoña

La investigación contra Gómez se inició en abril de 2024, tras una denuncia de Manos Limpias. En un inicio se centró en presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción vinculados a su actividad en la Universidad Complutense y su relación con Barrabés. Posteriormente, se añadieron los cargos de intrusismo profesional y apropiación indebida de marca, relacionados con el desarrollo de un software empresarial.

La Audiencia Provincial limitó parcialmente el alcance de las pesquisas, aunque avaló investigar los vínculos de Gómez con Barrabés. Según el tribunal, resultaba relevante la “llamativa variación, cuantitativa y cualitativa, que experimenta la relación de las empresas del grupo Barrabés con la Administración pública en proximidad temporal con la obtención de la Cátedra y despegue de los másteres” que dirigía Gómez en la Complutense.

En marzo, Peinado abrió una segunda línea de investigación por posible malversación en relación con la contratación de Cristina Álvarez como asesora en Moncloa. El juez sostiene que Álvarez realizó tareas privadas vinculadas a la Complutense en nombre de Gómez, lo que podría suponer un uso indebido de recursos públicos. Ambas niegan estas acusaciones y mantienen que su relación fue de carácter estrictamente personal y profesional.

Las defensas han recurrido tanto la imputación por malversación como la decisión de celebrar un juicio con jurado. En su recurso más reciente, la defensa de Gómez calificó la acusación de “interpretación extraordinariamente extensiva del Código Penal”, alegando que los correos enviados por Álvarez eran meros favores amistosos que “nunca pueden interpretarse como una conducta constitutiva de delito”. La última palabra la tendrá la Audiencia Provincial, que aún no ha resuelto los recursos pendientes.