El panorama de las pensiones en España está en pleno movimiento tras las últimas decisiones del Gobierno de España para garantizar el poder adquisitivo de los jubilados en 2026. Ante el rechazo parlamentario de un gran decreto que agrupaba varias reformas, el Ejecutivo optó por separar la revalorización de las pensiones del resto de medidas sociales y aprobó un decreto exclusivo para las pensiones.
Estas decisiones buscan responder a la presión de diferentes grupos políticos y a la necesidad de asegurar que millones de pensionistas reciban sus pagos con ajustes por inflación y protección económica. A continuación te explicamos qué cambios concretos se han aprobado y quiénes se ven más afectados.
El principal cambio anunciado es la subida de las pensiones para 2026, que ya está en marcha. La revalorización general de las pensiones contributivas será del 2,7 %, una cifra que coincide con la inflación y ayuda a mantener el poder adquisitivo de los pensionistas en un contexto de precios elevados.
Además, las pensiones mínimas y no contributivas experimentarán un incremento aún mayor, con subidas de más del 7 % y del 11 % respectivamente, para apoyar a quienes dependen de estos ingresos básicos. Estos ajustes buscan acercar las prestaciones al umbral de la pobreza y ofrecer un respiro económico a jubilados con rentas más bajas.
Los pensionistas jubilados o con invalidez también notarán mejoras, y se espera que la subida media anual de la pensión contributiva se traduzca en un impacto positivo en los presupuestos familiares durante 2026.
Sin embargo, la aprobación final por parte del Congreso de los Diputados todavía está pendiente, y si no se ratifica a tiempo, existe la posibilidad de que las pensiones se paguen con los importes de 2025 en febrero, para después aplicar la subida con efecto retroactivo.
Aunque los beneficiarios directos de las subidas son los pensionistas, las reformas también afectan a quienes cotizan al sistema de la Seguridad Social. Como parte de los ajustes para asegurar la sostenibilidad a largo plazo, se mantienen mecanismos como el Intergenerational Equity Mechanism (MEI), que incrementa gradualmente las cotizaciones para reforzar las reservas del sistema.
Además, el Gobierno ha planteado cambios en las bases máximas de cotización, lo que podría traducirse en mayores aportaciones para trabajadores con salarios altos y para las empresas que los emplean. Estas medidas buscan equilibrar ingresos y gastos de la Seguridad Social, aunque también plantean debates sobre el futuro del sistema.
Para los trabajadores más jóvenes, el panorama puede parecer más incierto: a pesar de las subidas, la combinación de cambios demográficos y reformas estructurales exige precaución sobre la sostenibilidad del sistema en las próximas décadas. Economistas advierten de que sin ajustes de fondo, el gasto en pensiones seguirá creciendo, presionando las finanzas públicas.
En definitiva, las nuevas medidas del Gobierno protegen a los pensionistas este año, ofreciendo subidas significativas, especialmente para los colectivos más vulnerables. Pero también colocan sobre la mesa la necesidad de reformas más profundas para garantizar que el sistema de pensiones español siga siendo viable y justo en el largo plazo.