El pacto Gobierno-PP hacia el nuevo CGPJ a toda máquina

25 de octubre de 2022
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PP PSOE
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), durante una reunión en La Moncloa el pasado 10 de octubre. | Fuente: Eduardo Parra / Europa Press

Información en poder de este diario confirma que los contactos entre los negociadores Esteban González Pons y el ministro Félix Bolaños ya han abordado nombres para la Presidencia del CGPJ

Las negociaciones entre el responsable del Partido Popular, Esteban González Pons, vicesecretario general institucional del partido, y Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, han consolidado hoy los avances que hacían prever un acuerdo en un abrir y cerrar los ojos o la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) jamás contada. Según fuentes próximos a esos contactos, el pacto podría alcanzarse esta misma semana, habida cuenta de que también se han barajado nombres -el asunto más delicado top secret del acuerdo- para la posible Presidencia de nuevo CGPJ. 

“Ha sido un McGuffin que la mayor parte de la prensa se ha tragado”, dijo una fuente judicial consultada hoy. ¿McGuffin? Se refiere al recurso que utilizaba el célebre director Alfred Hitchcok en su cine, un elemento que permitía avanzar el suspense de la trama pero carente en general de toda relevancia. 

¿Pero qué es? “Es un aparato para cazar leones en Escocia”. “Pero si en Escocia no hay leones” “Entonces eso de ahí no es un McGuffin” 

La fuente consultada se refiere a cómo los medios compraron que Unidas Podemos, con su exigencia de situar a la jueza excedencia y actual delegada del Gobierno para la Violencia del Género, Victoria Rosell, estaba dinamitando la negociación, algo que también se atribuía a la candidatura del magistrado de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada. 

Las candidaturas de ambos quedaron fuera de juego en 2018. Y en ningún momento de la negociación en curso, según las fuentes consultadas, supusieron piedras en el camino del acuerdo. Otra cosa es que Unidas Podemos plantease públicamente la idea, más como reivindicación testimonial que como propuesta concreta. 

Los nombres que se barajan

El avance en las negociaciones también ha permitido abordar algunos nombres para una presidencia de consenso, nombres que se mantienen en la más estricta reserva. Solo se ha podido conocer que alguno de ellos podría resultar “sorprendente”. No hay todavía ninguna “inmersión”, todavía, para dar con la personalidad apropiada. Siempre, si hay pacto, se trataría de una recomendación a los nuevos vocales para que sean ellos quienes resuelvan, tratando de evitar el grave error cometido en noviembre de 2018, cuando el PP de Pablo Casado y el Gobierno, a través de la entonces vicepresidenta Carmen Calvo, admitieron públicamente que el entonces presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, era la persona escogida, lo que derivó en un estallido de la candidatura. 

Fuentes socialistas mantienen el deseo de que sea una presidenta. “Nos hubiéramos ahorrado lo que no está escrito si en 2013 la magistrada Pilar Teso hubiera salido elegida”, dijo una fuente consultada. 

En diciembre de 2013, el entonces secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba dio su apoyo a Rajoy en la candidatura de Carlos Lesmes, quien obtuvo 16 votos. Pero cuatro vocales del grupo progresista se desmarcaron y apoyaron a la magistrada de la Sala Tercera del Supremo, Pilar Teso

“Zona de influencias”

Hoy, nueve años después, la magistrada sigue siendo candidata a presidir el CGPJ. Otra de las ideas del PP, la de diseñar una “zona de influencias” para el Gobierno y el PP, teniendo en cuenta en el mapa al Tribunal Constitucional (TC) y al CGPJ, según las fuentes consultadas, no va a prosperar. 

El Gobierno considera que precisamente si el PP plantea la despolitización -a saber, que candidatos como Vicky Rosell, por ejemplo, no deben ser admitidos en el nuevo CGPJ por provenir del área gubernamental o por la vinculación de un candidato o candidata a un partido político- debería tener en cuenta que lo que pase en el TC con la renovación de cuatro magistrados a los que se les ha vencido el mandato el pasado 12 de junio solo incumbe al TC.  

Asimismo, el Gobierno no admite debatir sobre la próxima mayoría en el TC ni sobre la elección de la personalidad que ocupará la Presidencia una vez que tomen posesión los cuatro nuevos magistrados. 

Sí se ha llegado a un pacto para que el magistrado conservador Alfredo Montoya, que renunció el pasado verano por enfermedad, que deber ser elegido por el Senado sea sustituido por otro magistrado conservador. Con los necesarios votos del PSOE, que controla la mayoría de la Cámara Alta.  

La revelación de Fuentes Informadas: Sánchez Melgar para el TC

Se contempla para dicha sustitución a un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, según anticipó FUENTES INFORMADAS, Julián Sánchez Melgar, ex fiscal general del Estado en el Gobierno de Mariano Rajoy. El magistrado no ha confirmado ni desmentido dicha posibilidad. “Ya veremos”, se ha limitado a decir consultada por El Periódico que recoge este digital la semana pasada. 

En lo que se refiere al sistema futuro de elección de los miembros del CGPJ -la renovación se hace con la legislación vigente como exigió el presidente dimitido Carlos Lesmes el 7 de septiembre de este año en su discurso de apertura del año de los tribunales- el nuevo CGPJ formará una comisión, según propuso el PP en julio pasado, para evaluar el sistema mixto actual y proponer en seis meses las modificaciones oportunas. Con todo, dado la proximidad de las elecciones generales -finales de 2023 o enero de 2024- esa propuesta será gestionada finalmente por quién gobierne tras esos resultados. 

De conformidad con la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada a iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez en diciembre de 2018, los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia y, a propuesta ahora del PP de tribunales provinciales, deberá hacerse por mayoría reforzada, de 3/5 en el nuevo CGPJ. Este criterio, establecido por ley, ya se aplica desde diciembre de 2018, lo que anuló el rodillo iniciado por Lesmes en 2013, quien a su vez aprobó los nombramientos por mayoría simple. 

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