¿Seguirá el Supremo por encima de la ley cuando el TC resuelva dar la amnistía a Turull?

La ponencia del magistrado Macías desestimará el recurso de amparo de Jordi Turull, el presidente del Tribunal Constitucional (TC) nombrará otro ponente y la mayoría progresista aprobará el recurso en octubre. El magistrado de la Sala Segunda del Supremo, Pablo Llarena, instructor del procés, tiene que respetar el fallo. ¿Lo hará?

No será el primer Pleno del Tribunal Constitucional, como proponía el presidente, Cándido Conde-Pumpido, el del próximo 7 de septiembre, el que aborde el recurso de amparo de Jordi Turull contra la denegación de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de aplicar la amnistía al delito de malversación, sino el segundo, según propuso el ponente, José María Macías, por necesidad de más tiempo, el que lo va a analizar, el 22 de septiembre.

Las cartas ya están boca arriba. Macías propondrá que se desestime en línea con la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya asestado con sus dos sentencias también un duro golpe a la minoría del TC carece de relevancia.

En sus votos particulares contra las 20 sentencias del TC que han validado la ley de amnistía, la minoría ha llegado a sostener que el TC español se había colocado “fuera del sistema” de la justicia europea porque antes de resolver debía plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE. Pero que el TJUE haya establecido que era el TC español el que tenía la potestad de resolver no llevará a la minoría a aceptar su derrota. Por tanto, Macías propondrá que Turull quede fuera de la amnistía.

Es el presidente del TC quien, en los recursos de amparo, propone otro ponente cuando, como en este caso, la ponencia es rechazada por la mayoría, como va a ocurrir. Por tanto, habrá otro ponente, de talante progresista, y otro Pleno. Y esto nos lleva a entrado el mes de octubre.
Después del recurso de Turull vienen por orden los siguientes: Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Raúl Romeva. Precisamente, en el de Dolores Bassa el ponente es el presidente del tribunal, Conde-Pumpido.
En los siete recursos el asunto central es el mismo: ¿es amnistiable el delito de malversación por el que se les acusa?

La ley de amnistía establecía que los tribunales ordinarios y la Sala Segunda del Tribunal Supremo tenían la potestad de aplicar la norma. El Supremo, en efecto, ya la ha la aplicado en los siete casos: ha dicho que el delito de malversación del cual se les acusa no es amnistiable. Los siete, por tanto, han sido privados, pues, de su derecho a la amnistía.

El recurso de amparo busca restituir ese derecho. El TC tiene que determinar si esa negativa es conforme a los derechos fundamentales y si no es conforme tiene que restablecer ese derecho. Según el artículo 5 de la ley Orgánica del Poder Judicial, “la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos”.

¿A qué obedece esta, por así decir taxatividad? A que hubo con anterioridad debates. Un sector sostenía que los únicas resoluciones vinculantes para la justicia ordinaria eran las adoptadas en los llamados recursos y cuestiones de inconstitucionalidad. Eran resoluciones erga homnes, afectan a todos. Pero que las decisiones sobre recursos de amparo solo afectan a aquellos que presentan esos recursos.

Por tanto, una vez que con el caso Turull se establezca la doctrina se debe aplicar a todos los procedimientos. ¿A qué nos conduce esto? Para la aplicación de esa resolución o doctrina no es necesario esperar a las otras seis sentencias sobre los demás recursos de amparo.

La Sala Segunda del Supremo no se ha dado por aludida por las 20 sentencias consagradas por el TC a validar la amnistía. Algunas ya han considerado la malversación como amnistiable (Comunidad de Aragón).
Pero el TC no ha examinado la argumentación concreta de la Sala Segunda -a saber, que los dirigentes se enriquecieron al no pagar de su bolsillo la campaña del referéndum del 1 de octubre de 2017 y que una declaración de independencia que duró unos segundos afectó a los intereses financieros de la Unión Europa-, lo que hará a partir del2 de septiembre próximo. Ya en la Sala Segunda del Supremo hubo dos posiciones: la mayoría liderada por Manuel Marchena estableció que la malversación no era amnistiable; la minoría, representada por el único voto discrepante, de la magistrada Ana Ferrer, que calificó la construcción del enriquecimiento como una “ficción jurídica” y “una entelequia”.

El TC dirá que, en efecto, la denegación de la amnistía se basó en una ficción jurídica. ¿Aceptará la Sala Segunda cuando el caso Turull sea considerado amnistiable aplicarle la amnistía, a él y los restantes seis recurrentes? ¿O esperará a que se resuelva el segundo bloque de recursos, el de los procesados Carles Puigdemont, Toni Comín y Luis Puig?
Es decir: ¿hará falta que los siete recursos de amparo se concedan y se unan a las 20 sentencias del TC y al TJUE para que la Sala Segunda del Tribunal Supremo se de por aludida y aplique la amnistía, dictando también la anulación de medida cautelar de arresto de Puigdemont y la inhabilitación de Junqueras?

Ya con ocasión de la sentencia del TC que desestimó en octubre de 2025 la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo por desórdenes públicos en Figueras, en 2019, la Sala Segunda decidió no aplicarla.