Rafael Mozo versus Francisco Marín, el “general” que debe “tomar” la presidencia del CGPJ

La presidencia acefala del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el nuevo frente de batalla en la guerra judicial y constitucional

Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo (TS) y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ, envió a los 18 vocales del CGPJ el domingo por la noche un correo electrónico en el que les hacía llegar el comunicado enviado a los medios en el cual anunciaba su dimisión, la cual, formalizada ayer en carta a la ministra de Justicia y al rey Felipe VI, se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el jueves día 13 de octubre, la fecha en la que ha convocado, la semana pasada, un Pleno en el cual ya no estará presente. 

A continuación, Lesmes llamó a varios vocales de ambos grupos conservador y progresista. “He constatado este fin de semana que no hay ninguna voluntad de conseguir la renovación del Consejo, una percepción que me lleva a dimitir. El pasado 7 de septiembre y en el Consejo os dije que si había indicios de que esa renovación se emprendía yo no renunciaría. Pero esto ya es insoportable”, explicó anoche según ha dicho uno de sus interlocutores a El Periódico de Catalunya. 

Lesmes, según otros vocales con los cuales mantuvo una breve conversación telefónica la noche del pasado domingo, no hizo referencia alguna al tema central, para el que había convocado, precisamente, el Pleno del jueves 13: la elección de dos magistrados que corresponde al CGPJ para sustituir a Santiago Martínez-Vares y Juan Antonio Xiol, elegidos por el CGPJ el 12 de junio de 2013. Dichos mandatos mandatos caducaron, por tanto, el pasado 12 de junio.  

A ambas sustituciones se unen otras dos: las de Pedro González-Trevijano (actual presidente) y Antonio Narváez, nombrados hace nueve años por el gobierno de Mariano Rajoy. 

El rodillo conservador

La cobertura de estos cuatro magistrados arrojaría un cambio histórico en el TC, que pasaba a una mayoría de siete contra cuatro a favor del sector llamado progresista, tras años de rodillo conservador. 

El mismo rodillo que en el CGPJ ha impulsado el sector conservador precisamente para incumplir la ley aprobada el 20 de julio pasado por la cual el Poder Judicial debía designar a los dos magistrados que le correspondía sustituir el 13 de septiembre pasado. 

Lesmes tenía una agenda cargada este lunes 10 de octubre. Obtuvo la autorización de la ministra de Justicia, Pilar Llop, para desgajar de un acto oficial de entrega de medallas a cuatro magistrados del Tribunal Supremo ya jubilados para entregarles una condecoración, a las 10:30 horas, por sus servicios, reunión prevista en la sede del CGPJ en la madrileña calle de Marqués de la Ensenada. Algunos de ellos, como fue el caso de José Manuel Sieira, expresidente de la Sala Tercera del TS, viajaron a Madrid y se encontraron sin acto y sin medalla.  

 Lesmes había citado para la mañana del lunes 10 a los grupos conservador y progresista para que le hicieran entrega del nombre del magistrado, uno por cada grupo, para votar sus nombramientos en el Pleno del jueves 13. 

Por tanto, su dimisión en diferido, anunciada el 7 de septiembre en los corrillos del acto de apertura del año judicial, no tendría lugar este lunes 10 de octubre. Máxime, como se ha apuntado, cuando había convocado un Pleno el próximo jueves, día 13 de octubre, para intentar sacar adelante, por tercera vez, los nombramientos en el TC, y habida cuenta de que debía saludar al rey Felipe en el acto de la Fiesta Nacional del 12 de octubre en el Palacio Real de Madrid. 

“Esto es insoportable”, le dijo a sus interlocutores el pasado domingo 9 de septiembre por la noche. La ofensiva de la derecha mediática había sido feroz en la última semana contra Lesmes por “presionar” a los vocales del CGPJ a hacer los dos nombramientos en el TC. Es decir: los conservadores ya lo consideraba un traidor por exhortar a cumplir la ley. 

Pero lo que Lesmes explicó sucintamente a los vocales con los cuales habló por cortesía durante algunos minutos es que había “constatado” el fin de semana que no había voluntad alguna de renovar el CGPJ. Es decir: que el PP mantenía su posición de bloqueo. 

Si Lesmes señaló esa constatación, ¿en qué puede desembocar la resucitada voluntad negociadora de Nuñez Feijóo?, se pregunta en voz alta una vocal de CGPJ. “Se entiende, por lo que me dijo Lesmes, que él ya había hecho los últimos sondeos antes de anunciar su dimisión la noche del domingo”, añadió. 

La crisis en el Constitucional: cambio de mayorías

En el epicentro de la crisis no está la renovación del CGPJ, sino el Tribunal Constitucional. Mejor dicho: la perdida de la mayoría del TC por parte de el PP. Esa mayoría se pierde con la elección de al menos un magistrado del sector progresista de los dos que debe nombrar el CGPJ, más los dos magistrados que le corresponde designar al Gobierno.  

Los progresistas pasan a ser siete magistrados contra cuatro de los conservadores. Y a continuación toca, según la ley, después de ser renovado un tercio del TC, elegir nuevo presidente y vicepresidente del tribunal de garantías, que refleja a la mayoría y minoría, respectivamente. 

Bingo: el sector progresista cobra un papel determinante, a través del número de magistrados y del voto de calidad (o doble voto en caso de empate), del nuevo presidente o presidenta que se elija el TC. 

La dimisión de Lesmes implica que los nombramientos de magistrados del TC, tras el bloqueo tenaz de los vocales conservadores, respaldados por el PP, queda pospuesta sine die.  

Lesmes, bombero pirómano

Lesmes fue elegido a primeros de diciembre de 2013 presidente del TS y CGPJ por los vocales. Pero se va sin siquiera presentarse ante Pleno del próximo 13, es decir, sin hacer acto de presencia ante los vocales que le eligieron a él contra la otra magistrada rival del TS y de su misma sala, la Sala Tercera, Pilar Teso. Esta huida a tres días del Pleno y anunciada un domingo por la noche a través de un comunicado a los medios –que el presidente tuvo el “detalle” de enviárselo a los vocales, convierte su pretendida defensa de la necesidad de nombrar a los dos magistrados del TC en un nuevo incendio. Lesmes es un bombero pirómano.  

¿Quién le sustituirá? Como su sustituto previsto, Ángel Juanes -a quien Lesmes este martes tenía previsto condecorar- que era el vicepresidente del TS y CGPJ, un cargo simbólico, se jubiló en 2019, Lesmes ha propuesto dejar en su lugar Francisco Marín Castán, presidente de la Sala Primera del TS, apoyándose en un informe que solicitó, a espaldas del Pleno del CGPJ, a la secretaría técnica del órgano. Lesmes, que regresa a la Sala Tercera del TS; consiguió el respaldo para ese nombramiento de la Sala de Gobierno del Supremo. 

Pero Marín Castán no es vocal ni ha sido elegido por el CGPJ. Es un paracaidista lanzado en esta emergencia por Lesmes. No tiene legitimidad democrática alguna para votar. 

“Es como cruzar la calle del Marqués de la Ensenada y buscar al general de cuatro estrellas para que entre con todos los apoyos técnicos del Supremo en la sede del CGPJ frente a vocales de los dos bandos que resisten su autoridad emanada de otro golpe”, dijo un fiscal consultado. 

“Rafael Mozo va a presidir el CGPJ”

El sector progresista y algunos vocales conservadores, según ha sondeado El Periódico de Catalunya, intentan que la acefalía de Lesmes sea cubierta como se hacía habitualmente cuando Lesmes se ausentaba en la Comisión Permanente del CGPJ. Es decir: por Rafael Mozo, el vocal de mayor edad, del sector progresista. 

“Mozo”, dijo un vocal a este diario, “va a presidir el CGPJ”. El nombramiento de Marín Castán, pues, no tiene visos de prosperar. Pero este es el otro frente de los incendios. 

La crisis no puede resolverse si el CGPJ sigue absteniéndose de nombrar a los dos magistrados del TC. Porque es este CGPJ el que debe nombrarles según la ley vigente desde el pasado 20 de julio. 

Se trata, pues, de una contienda política. El PP no quiere perder la mayoría del TC o en el peor escenario para sus intereses impedir que la mayoría progresista designe presidente del TC a un magistrado que la refleje sin ambigüedad, sin los votos del sector conservador.

“Segunda derivada” 

Hasta hace un mes y medio, según fuentes del TC, ese magistrado era Cándido Conde-Pumpido, exmiembro del TS y ex fiscal general del Estado durante siete años de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, los magistrados Pedro González-Trevijano, primero, y Enrique Arnaldo, más tarde, han urdido una “segunda derivada”, después de la formalización –”primera derivada”- de la mayoría progresista. 

 ¿En que consiste? En apoyar para la presidencia del TC a María Luisa Balaguer, del sector progresista, pero que no sería presidenta con el exclusivo apoyo de los magistrados de su sector, ya que contaría también con respaldo de los conservadores.  

Es una operación similar a la que los conservadores ya acometieron cuando ofrecieron a Encarnación Roca, propuesta por el sector progresista más Convergencia i Uniò, en 2012, convertirla en vicepresidenta en marzo de 2017. Fue la “cooptación” de Roca para el sector conservador, un voto que resultó decisivo, más tarde, para declarar inconstitucional el estado de alarma decretado por el Gobierno de Sánchez para gestionar la pandemia. 

El CGPJ lleva desde su nombramiento nueve años y 10 meses cuando su mandato era de cinco años. Y ahora está acéfalo. El TC tiene el mandato de su presidente González-Trevijano y de su vicepresidente Xiol, y el de otros dos, caducados desde el 12 de junio. O sea: un Estado constitucional y judicialmente fallido. 

Inacción de los presidentes de las Cámaras

En todo este paisaje, la presidenta del Congreso y el presidente del Senado, órganos del poder legislativo con papel decisivo en la elección de los vocales del CGPJ, no han tenido intervención alguna en esta batalla. La comisión de Justicia del Congreso no ha dado ni golpe. 

Fuentes consultadas señalan que Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, está pendiente de un recurso de amparo del diputado canario Alberto Rodríguez expulsado por Batet por toda la legislatura en octubre de 2021 cuando una sentencia del Supremo le condenaba a 45 días de multa e inhabilitación por ese periodo para presentarse a nuevos cargos.  

Esa extralimitación ha sido objeto de la petición de una medida cautelar de suspensión. Una medida que la magistrada Balaguer tiene sobre la mesa desde primeros de 2022. 

Eventual pacto Gobierno-oposición

¿Puede haber un pacto in extremis en esta crisis en la que el PP primero con Pablo Casado y desde abril con Nuñez Feijóo bloquean la renovación del CGPJ y paralizan la elección de magistrados para el TC? Fuentes judiciales señaan que quizá sea posible. 

El PP acepta en su propuesta del pasado mes de julio que la renovación se realice con la ley vigente y que el nuevo CGPJ nombre una comisión para proponer en un plazo de seis meses un nuevo sistema de elección de los vocales. 

Fuentes gubernamentales señalan que es un brindis al sol porque quien gane las próximas elecciones generales podrá proponer y sacar adelante las reformas que lleve en su programa electoral. 

Pero si se trata de que en esta larga batalla no haya ni vencedores ni vencidos y que el PP de Feijóo pueda justificar el pacto ahora tras casi cuatro años de bloqueos, se podría ver como posible salida.   

A todo esto, el bloqueo del PP también arrastra al Gobierno porque este 13 de septiembre hace como mínimo dos meses que debía nombrar a los dos magistrados que le corresponde para sustituir al actual presidente caducado Pedro González-Trevijano, y al magistrado Antonio Nárvaez, nombrados durante el Gobierno de Mariano Rajoy.