Hoy: 3 de diciembre de 2024
La dimisión de Carlos Lesmes como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), anunciada este domingo ante la falta de avances para renovar el CGPJ -que lleva casi cuatro años caducado-, abre un nuevo frente en la crisis del Poder Judicial a cuenta de su sucesión, ya que los vocales amenazan con resistirse al ascenso del actual vicepresidente del TS, Francisco Marín Castán.
Lesmes intentó anticiparse al problema encargando al Gabinete Técnico del Tribunal Supremo un informe donde quedara negro sobre blanco cómo debía producirse su reemplazo si finalmente dimitía, tal y como dijo que haría durante la apertura del año judicial -el pasado 7 de septiembre- en el caso de que las negociaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el CGPJ siguieran congeladas.
Según Europa Press, el Gabinete Técnico fijó que Lesmes debía ser sustituido por una sola persona para ambos cargos, indicando que “tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) conciben la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial como una titularidad conjunta e indisociable”.
Asentada esta premisa, estableció que su sucesor debía ser quien ostentara la Vicepresidencia del Supremo, que actualmente ocupa de forma interina el magistrado Francisco Marín Castán, por ser el presidente de sala más antiguo, en su caso de la Sala de lo Civil.
Además, precisó que la sucesión de Lesmes se dará “de manera automática, sin necesidad de acto o acuerdo alguno”. Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explican que se producirá cuando la dimisión del aún presidente se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para evitar un vacío de poder.
A pesar de esta ‘guía’, las fuentes del CGPJ y del TS preguntadas avisan de que el reemplazo de Lesmes podría ser un nuevo foco de conflicto que podría terminar en otra bicefalia.
La razón es que la inmensa mayoría de los 18 vocales que actualmente componen el Consejo rechazan la idea de que Marín Castán sea el nuevo jefe del Poder Judicial porque creen que el hecho de que venga desempeñándose como vicepresidente del Supremo de forma interina le resta legitimidad.
Marín Castán se convirtió en ‘número dos’ del Alto Tribunal en 2019, cuando el magistrado Ángel Juanes abandonó el cargo por llegar a la edad máxima de jubilación y, desde entonces, ha ocupado el cargo en funciones.
Algunas voces, de momento muy minoritarias en el CGPJ y con más fuerza en el TS, aseguran que la situación de interinidad de Marín Castán no le impide avanzar ahora a la primera línea, ya que entre sus funciones, aunque las ejerza provisionalmente, está la de sustituir al presidente.
Sin embargo, los vocales tampoco ven con buenos ojos el desembarco de un nuevo presidente en cuya elección no ha participado en modo alguno el Consejo, al que la LOPJ encomienda designarlo en condiciones normales.
En este contexto, las fuentes avisan de que los vocales podrían acabar entronizando a su miembro de mayor edad, Rafael Mozo (de corte progresista), como presidente del CGPJ, mientras Marín Castán se alza como máxima autoridad del Supremo.
Este pulso, explican las citadas fuentes, podría acabar judicializado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del propio TS, donde se conformaría una sección especial -integrada por los presidentes de las distintas secciones y el presidente de la Sala- para decantar la balanza.
No sería la primera vez que el liderazgo del Poder Judicial se desdobla. Ya ocurrió cuando Carlos Dívar dimitió en 2012 tras la polémica desatada cuando se supo que cargó a los presupuestos una treintena de viajes que realizó en fines de semana por unos 28.000 euros.
Entonces, Dívar fue reemplazado por Juan Antonio Xiol -hoy vicepresidente en funciones del Tribunal Constitucional (TC)- en el TS y por Fernando de Rosa, actual senador del PP, en el CGPJ, hasta que Gonzalo Moliner les sustituyó a ambos.
La LOPJ se cambió a raíz de esa crisis, precisamente, para evitar futuros problemas en la sucesión del jefe del Poder Judicial, si bien las fuentes subrayan que hay debate jurídico.
Las mismas describen una situación de “caos” que vendría a agravar una crisis del Poder Judicial provocada por el bloqueo en la renovación del CGPJ y profundizada por las vacantes generadas primero en el TS y el pasado 12 de junio en el TC sin que se hayan cubierto, las primeras por imposibilidad legal y las segundas por falta de acuerdo.