Una organización presuntamente involucrada en el fraude a la Seguridad Social por más de cuatro millones de euros ha sido desmantelada por agentes de la Policía Nacional en Madrid. En una operación que ha culminado con la detención de 25 individuos en varias localidades madrileñas, se ha revelado que esta red estaba dedicada a cometer fraudes al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
La cifra de expedientes fraudulentos identificados asciende a más de 400, con implicaciones que se extienden desde el año 2020 hasta el 2024. Entre los arrestados se encuentran cuatro empleados públicos y cuatro trabajadores de instituciones bancarias.
La investigación, iniciada en diciembre de 2022, reveló una compleja estructura delictiva. La organización, que contaba con funcionarios del servicio público de empleo, empleados bancarios y gestores administrativos, operaba en cinco niveles con funciones claramente definidas.
En el primer nivel, dos individuos dirigían y reclutaban clientes, estableciendo estrategias para solicitudes específicas y calculando márgenes de beneficio. Estos clientes eran canalizados hacia una gestoría en el distrito madrileño de Latina, donde se formalizaban los trámites fraudulentos necesarios para obtener beneficios indebidos.
El segundo nivel implicaba a los responsables y trabajadores de la gestoría, encargados de documentar las solicitudes con facturas falsas para adquirir bienes como vehículos o equipos informáticos.
El tercer nivel incluía a los empleados públicos detenidos, quienes proporcionaban seguimiento y asesoramiento sobre los expedientes, utilizando sus credenciales de acceso para manipular los datos en beneficio de la organización.
En el cuarto nivel, empleados bancarios facilitaban la apertura de cuentas utilizadas para recibir pagos ilícitos del SEPE, controlando los movimientos financieros para asegurar el flujo de fondos acordados.
El quinto y último nivel involucraba la transferencia de los beneficios obtenidos hacia cuentas bancarias controladas por la organización o hacia cuentas personales de los miembros.
La fase operativa de la investigación, llevada a cabo la semana pasada, incluyó 16 registros en domicilios y oficinas de Madrid, donde se incautaron diversos elementos relevantes, como equipos informáticos, efectivo, vehículos de alta gama y documentación incriminatoria.
Desde el inicio de la investigación, se ha destacado la estrecha colaboración entre la Policía Nacional y los departamentos de empleo de las administraciones públicas involucradas, lo que ha sido fundamental para el éxito de la operación y el esclarecimiento de los hechos.