Un matrimonio vigués se divorcia y a ella le queda una pensión de 40 euros para el perro

La sentencia estipula que la cantidad será revisada anualmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo

En el ámbito legal contemporáneo, la relación entre los seres humanos y sus mascotas ha ido adquiriendo una importancia cada vez mayor. Un reflejo de esta evolución se evidencia en una reciente sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Pontevedra, la cual ha generado gran interés y debate en la sociedad. La decisión judicial en cuestión establece una pensión mensual de 40 euros para un perro como parte de los términos de un divorcio.

Este fallo, ratificado a partir de una sentencia previa dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Vigo, no solo contempla aspectos relacionados con la custodia y pensión de los hijos de la pareja divorciada, sino que también aborda de manera específica el cuidado y sustento económico de la mascota compartida. La mascota, en este caso, queda bajo el cuidado de la mujer, con ambos cónyuges responsables de asumir la mitad de los gastos extraordinarios y veterinarios.

Es importante destacar que la suma de 40 euros mensuales asignada al cuidado de la mascota se ajusta según el poder adquisitivo de cada parte involucrada, siendo el excónyuge con mayor capacidad financiera quien debe realizar esta contribución económica. Además, la sentencia estipula que esta cantidad será revisada anualmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo (IPC), garantizando así su actualización en línea con las fluctuaciones económicas.

El proceso judicial que condujo a esta resolución se remonta al año pasado, cuando la sentencia original fue emitida en febrero. Sin embargo, el caso experimentó un nuevo desarrollo a finales de 2023, cuando la Audiencia de Pontevedra confirmó la decisión inicial tras un recurso presentado por la mujer, que cuestionaba aspectos relacionados con la custodia compartida de los hijos y otros asuntos como el uso de un vehículo.

Bienestar humano y animal

Este caso ejemplifica cómo los tribunales están cada vez más atentos a las dinámicas familiares contemporáneas, incluyendo aquellas que involucran a las mascotas, y cómo están dispuestos a tomar medidas concretas para garantizar el bienestar de todos los miembros de la familia, ya sean humanos o animales. La sentencia ha generado un debate sobre la naturaleza de la relación entre las mascotas y sus propietarios, así como sobre el papel de la ley en proteger los intereses de estos compañeros no humanos en situaciones de disolución familiar.