Zarzuela, preocupada por la “dignidad” de la monarquía ante lo que pueda decirse en el juicio de Londres

Juan Carlos I llegó a Abu Dabi un día como este jueves 4 de agosto hace dos años. Pero hubo que esperar trece días hasta la hora de comer del 17 de agosto de 2020, para que el Palacio de la Zarzuela desvelase el destino final de un viaje en un avión privado que salió de París, recogió al rey emérito en Madrid, hizo escala en Sanxenxo para trasladarle desde allí a la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

“S. M. el Rey Juan Carlos ha indicado a la Casa de Su Majestad el Rey que comunique que el pasado día 3 del presente mes de agosto se trasladó a Emiratos Árabes Unidos (EUA), donde permanece en la actualidad”, decía el comunicado.

En su carta de despedida, difundida por la Zarzuela el 3 de agosto de 2020, el rey emérito explicó que su “meditada decisión” de abandonar España tenía que ver con la “repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada”. Añadía: “Mi legado, y mi propia dignidad como persona así me lo exigen”. Y que así iba a “contribuir a facilitar” a su hijo, el rey de España Felipe VI, la responsabilidad que supone la jefatura de Estado.

En otros términos, esta “meditada decisión” que Juan Carlos I asumía como propia era una especie de sacrificio para blindar a la Casa de su Majestad el rey Felipe VI ante las noticias sobre presuntas actividades ilícitas en la Fiscalía de Ginebra y en la Fiscalía Anticorrupción española primero, desde finales de 2018, y en la Fiscalía del Tribunal Supremo en aquellos momentos, desde junio de 2020.

Diferentes reuniones

Juan Carlos I se reunió durante algunas tardes, antes de anunciar públicamente su decisión de abandonar España, con diferentes personalidades. Algunas de ellas han narrado a El Periódico de Catalunya que el emérito se encontraba muy emocionado y triste y que había escuchado de boca de sus interlocutores diversas opiniones, en su mayor parte de censura a la decisión. Pero el emérito dejó entender que no tenía alternativa. Algunos de esos interlocutores entendieron que se trataba de un acuerdo con su hijo para evitar que las noticias salpicaran a la Casa Real y ocuparan el foco de la monarquía durante los siguientes años. Otros creyeron interpretar que la entonces vicepresidenta Carmen Calvo había explicado personalmente el mensaje de la salida al jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, Jaime de Alfonsín, como la opinión del Gobierno de Pedro Sánchez.

A pesar de asumir que la partida era fruto de una “meditada decisión” personal, comentarios realizados por el emérito en su residencia de Abu Dabi apuntaron personalmente a Pedro Sánchez como el autor intelectual de lo que él había vendido el 3 de agosto como esa “meditada decisión”.

Dos años después, el Gobierno de Sánchez y la Zarzuela son incapaces de tratar a los ciudadanos como adultos. Mientras los políticos y medios de comunicación de la derecha sostienen que Sánchez es el malo de la película, el Palacio de la Moncloa calla, sin dar una explicación creíble.

La demanda de Corinna Larsen

La fuente del descrédito de la monarquía española -el principal motivo formal por el cual Juan Carlos I permanece en el autodestierro- es el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales y la Corte de Apelaciones, división civil, a raíz de la tramitación de la demanda civil por presuntos actos de acoso, seguimiento ilegal de agentes del Centro Nacional de Inteligencia español (CNI) en Mónaco, Suiza y Londres, y difamación resentada por su examante Corinna Zu Sayn-Wittgenstein el 29 de diciembre de 2020.

Si ello no estaba claro, en la audiencia del pasado 18 de julio, celebrada en la Corte de Apelaciones donde se ratificó que el juicio seguirá adelante, al menos para los hechos posteriores a la abdicación de Juan Carlos I a mediados de 2014, la defensa del emérito lo explícito.

El abogado-barrister Timothy Otty, contratado para exponer los argumentos de la nueva defensa del emérito -el bufete Carter-Ruck- ante la Corte, señaló que “exponer a miembros de la familia de un jefe de Estado [de Juan Carlos I y Felipe VI] en una jurisdicción extranjera [Reino Unido] perjudicaría la dignidad de la monarquía que es necesaria para su representación, e influiría en la actividad del rey [Felipe VI] incluso si Juan Carlos I no vive con él ni le asiste en su trabajo”.

Por tanto, la dignidad del emérito está vinculada, según los nuevos abogados, a la dignidad de la Casa de Su Majestad el Rey Felipe VI.

Los jueces de la Corte no compraron este argumento ni el razonamiento con el que la defensa remató su construcción: recurrir la sentencia del 24 de marzo pasado que denegó toda inmunidad en base a que el Reino de España y la Casa Real española son “amigos” del Reino Unido.

Rechazaron por tanto el permiso solicitado para recurrir en base a este punto ante la Corte Civil. La ley, explicaron en su sentencia, “no se puede construir garantizando a miembros de la famiia real inmunidad con el argumento de que habría un riesgo de perjudicar la dignidad del jefe de Estado, esto no puede cubrir a alguien en la posición de Juan Carlos I, que ni vive con el Rey [Felipe VI] ni comparte ni le asiste en su trabajo”.

Los jueces señalaron, además, que “el Reino de España no ha mostrado interés alguno en la inmunidad de Juan Carlos I”.

Paradójicamente, la estrategia de la defensa del emérito en Londres choca con la celeridad que desearía el Palacio de la Zarzuela en la terminación del caso.

Porque la apelación parcial permitida -sobre hechos de la demanda de acoso en el periodo pre-abdicación de Juan Carlos I 2012-2014- alarga unos meses el procedimiento, y prorroga la presentación de las pruebas que presentará Corinna -previsiblemente en octubre o noviembre- ante el juez instructor Matthew Nicklin.

Y, por tanto, también una decisión sobre el autodestierro de Juan Carlos I.