En las últimas horas, la Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a otras cinco personas, elevando a 37 el número total de arrestados por su presunta relación con los incendios forestales en España desde el 1 de junio. Además, hay 113 personas investigadas, veinte más que en el balance anterior.
Según el Ministerio del Interior, la Policía Nacional ha detenido a diez individuos e imputado a otros 21, mientras que la Guardia Civil ha arrestado a 27 y mantiene bajo investigación a 92. Estas cifras se conocieron tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD), presidida por el ministro Fernando Grande-Marlaska.
El CECOD analizó la evolución de los 21 incendios aún activos en varias comunidades autónomas. Destacó la mejora en Orense, León y Zamora gracias al aumento de la humedad y la reducción del viento, aunque en Cáceres las condiciones meteorológicas continúan siendo desfavorables para las labores de extinción.
Entre los últimos detenidos se encuentra un hombre de 47 años acusado de provocar el fuego en Vilardevós (Ourense), que quemó 578 hectáreas y afectó a siete localidades. Con antecedentes por incendios, ingresó en prisión provisional sin fianza. También se arrestó a un menor de 17 años en Santiago de Compostela, acusado de siete incendios en diez días; la Fiscalía de Menores ordenó su internamiento en un centro.
Galicia figura entre las regiones más golpeadas por los incendios y acumula un alto número de detenidos, incluido un pirómano responsable del fuego de Oímbra, que también fue enviado a prisión provisional. La Guardia Civil informó además de la detención de un hombre de 48 años en Madrid por provocar un incendio en Colmenar Viejo el pasado 21 de julio.
En Zamora, otro incendio con índice de gravedad 2 arrasó más de 4.000 hectáreas en Puercas de Aliste; la Guardia Civil atribuyó su origen a un depósito irregular de residuos y vidrios que actuaron como efecto lupa. En Ávila, fue detenido un trabajador de la extinción acusado de provocar el fuego en Cuevas del Valle, que afectó más de 2.000 hectáreas, posiblemente por motivos laborales.
El Código Penal contempla penas severas para los responsables de incendios. Si se pone en riesgo la vida o la integridad física, las condenas oscilan entre 10 y 20 años de prisión. En casos sin peligro directo para personas, las penas varían entre 1 y 5 años, aunque pueden elevarse a 6 años de cárcel cuando el fuego alcanza especial gravedad por su impacto ambiental o por afectar a grandes extensiones.