Hoy: 23 de noviembre de 2024
Vox ha presentado este miércoles un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley para la igualdad y no discriminación, que denuncia que introduce un “sesgo ideológico” en toda la Administración y también en la esfera privada. “Los que estamos discriminados somos los españoles”, ha reivindicado el diputado de Vox Javier Ortega Smith.
La denominada ‘Ley Zerolo’ especifica que “nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Y los principales ámbitos que regula son el laboral, el educativo, el sanitario y el de la vivienda, aunque también prevé mecanismos en otros como el de justicia o el administrativo.
Sin embargo, Vox considera que “no supondrá una mejora en la protección del ya existente derecho constitucional de los españoles a ser iguales ante la ley” y, en cambio, provocará “un peor estatus regulatorio” y una conculcación de derechos, según han explicado a las puertas del Tribunal Constitucional los responsables jurídicos del partido, Javier Ortega Smith y Marta Castro.
En primer lugar, denuncian que ley impone una obligación legal para todos los poderes públicos de implementar políticas públicas que incorporen la “perspectiva de género” en el tratamiento del fenómeno de la discriminación. “Estamos, por tanto, ante una imposición ideológica que quiere convertirse en una interpretación estatal y obligada”, han denunciado desde la formación; tal y como ha podido recoger Europa Press y que cita FUENTES INFORMADAS.
Además, Vox cree que esta ley vulnera la Constitución al atentar contra el derecho de los padres a elegir la educación que prefieran para sus hijos, así como el artículo 14 al discriminar por razones ideológicas. Y lo hacen, denuncia Vox, porque la ley excluye de la financiación pública a todos los centros educativos que opten por la educación diferenciada, separando a los alumnos por sexos.
Por ello, Ortega Smith ha denunciado que esto “pisotea” la igualdad de los padres distinguiendo entre aquellos que tienen recursos y quienes no los tienen, ya que solo los primeros podrán optar por colegios privados y “la inmensa mayoría tiene que llevar a la educación pública sometidos al adoctrinamiento ideológico y sectario”.
El partido también considera que la Ley para la igualdad de trato y no discriminación lesiona la libertad de empresa, ya que “impone un elemento ideológico” a una decisión organizativa de las empresas y la normativa laboral ya contempla una regulación suficiente.
En este sentido, Ortega Smith cree que esta ley demuestra la “hipocresía” del Gobierno, ya que aprueba una ley para garantizar la igualdad cuando, “si algo ha hecho, ha sido pisotear la igualdad”. A su juicio, esto se ha generado entre hombres y mujeres, en la educación de los niños o los funcionarios públicos.
Sin embargo, cree que “la principal discriminación que se produce en España” la sufren los españoles, así como los inmigrantes legales. “No existe mayor discriminación que la que se está produciendo con la inmigración ilegal”, ha denunciado apuntando al “dineral que se está gastando en quienes vienen de manera ilegal pisoteando fronteras”, que “no han cotizado” y sin embargo denuncia que “tienen prioridad a la hora recibir ayudas públicas y servicios sociales”. “Los que estamos discriminados somos los españoles”, ha zanjado.