El PP y Vox presionan al Gobierno por los casos de corrupción: “¿Cuántos imputados más están dispuestos a aceptar?”

15 de mayo de 2025
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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (i) y el vicesecretario General de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo |EP

Ambos partidos preguntarán en el Congreso si el Ejecutivo piensa asumir responsabilidades políticas ante el creciente número de investigaciones judiciales

La presión política sobre el Ejecutivo se intensifica. El Partido Popular y Vox aprovecharán la próxima sesión de control al Gobierno en el Congreso para exigir explicaciones ante la cascada de investigaciones judiciales que salpican al entorno del presidente Pedro Sánchez. El foco estará en los casos que afectan a su esposa, Begoña Gómez, y a miembros o exmiembros de su Gabinete, como el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ya citado a declarar como investigado.

Presión creciente

Desde el PP, Elías Bendodo preguntará a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, cuándo piensa el Gobierno asumir responsabilidades “por los escándalos que le rodean”. Miguel Tellado, portavoz del grupo, irá más allá con el ministro Félix Bolaños: “¿Cuál será el próximo investigado de su Gobierno?”, inquiere.

Cayetana Álvarez de Toledo se sumará al ataque cuestionando al Ejecutivo por “socavar los contrapesos democráticos”, en alusión a las críticas del propio Bolaños sobre la instrucción judicial del ‘caso Begoña’.

Cuca Gamarra, número dos del PP, exigirá explicaciones a Montero sobre los mecanismos del Gobierno para conceder ayudas públicas, tomando como base los mensajes filtrados entre Pedro Sánchez y el exministro José Luis Ábalos sobre acuerdos con empresas.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo abrirá la sesión con una pregunta directa a Sánchez: “¿Cree que usted y su Gobierno pueden hacer lo que quieran?”. En paralelo, la portavoz de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, pondrá el foco en la cifra de imputaciones dentro del entorno gubernamental y preguntará a Bolaños “cuál es el límite de imputados que este Gobierno considera aceptable”.

Ambos partidos endurecen su discurso ante un clima político marcado por la sospecha, la judicialización y una creciente presión sobre la Moncloa.

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