Koldo también se niega a declarar ante el Supremo y tampoco irá a prisión provisional

El fiscal le afea que no hable ante el juez pero sí en los medios y su abogada replica que debe defenderse como pueda

El instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo (TS) ha rechazado enviar al que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes a prisión provisional, ratificando las medidas cautelares vigentes -prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y firma periódica en sede judicial-, tras una nueva comparecencia en la que ha optado por guardar silencio sobre su presunto papel de «gestor y custodio» de los fondos «opacos» que habrían ingresado por mordidas.

El magistrado Leopoldo Puente ha seguido el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que no ha pedido el ingreso en prisión provisional para Koldo al considerar que, aunque hay riesgo de fuga, está suficientemente mitigado con las cautelares acordadas. En cambio, las acusaciones populares encabezadas por el PP sí han reclamado al instructor que le enviara a la cárcel recalcando que el dinero al que se refería Koldo en sus conversaciones como «chistorras» aún no ha aparecido.

Lo mismo que con Ábalos

Se trata de las mismas posturas que las partes adoptaron en la vistilla celebrada el pasado miércoles respecto a Ábalos. En su caso, Puente confirmó idénticas cautelares, si bien observó un riesgo de fuga «creciente» que cree que aumentará conforme se acerque el juicio. Entonces, avisó, sí podría endurecerlas.

Fuentes del entorno de García aseguran que se encuentra preparado por si llegara a entrar en prisión provisional, medida que hasta la fecha solo ha prosperado con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, por el riesgo de fuga y de destrucción, ocultación y manipulación de pruebas debido a su «papel principal» en la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.

Gestor y custodio

El instructor volvió a llamar a Koldo y Ábalos a sede judicial tras un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señala a García como «gestor y custodio» de fondos «opacos» que habrían ingresado de las presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones públicas.

Ataviado con una boina y mochila en mano, Koldo ha llegado puntual a la cita en el Supremo, que se ha prolongado durante cerca de una hora, si bien la mayoría del tiempo se lo ha llevado la vistilla para revisar las medidas cautelares, ya que Koldo ha seguido la misma estrategia que en su última comparecencia, del pasado junio, y ha optado por guardar silencio.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, García ha explicado que no iba a declarar porque considera que sufre indefensión al no tener acceso al contenido íntegro de los dispositivos electrónicos que le fueron incautados en la entrada y registro que se hizo en su domicilio en febrero de 2024, incluidas las conversaciones que grabó entre 2019 y 2023 y que se han convertido en uno de los principales indicios del caso.

Hablar con los medios

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha reprochado a García que no hable ante el Supremo pero sí en los medios de comunicación, a lo que ha contestado la propia abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, replicando que las intervenciones de su cliente en la prensa eran necesarias para defenderse de las acusaciones que se han lanzado en su contra en estos meses, entre ellas algunas de violencia de género y acoso sexual.

Puente les ha frenado a todos, advirtiendo tanto a Luzón como a la abogada de que tales consideraciones no eran objeto de este procedimiento, mientras que a Koldo le ha subrayado que no era necesario que diera explicaciones sobre por qué ha decidido no declarar, aunque todo ello, de acuerdo con las referidas fuentes, en un ambiente de cordialidad.

Causa fragmentada

Cabe recordar que la causa arrancó en la Audiencia Nacional, centrada en la supuesta adjudicación irregular a Soluciones de Gestión, empresa vinculada a Víctor de Aldama, de contratos públicos para comprar material sanitario en plena pandemia, pero desde que saltó al Supremo, hace casi un año, el caso se ha ido enredando, aflorando también la existencia de posibles ilegalidades en contratos de obra pública.

La complejidad que añadió esta segunda derivada llevó a Puente a dividir la causa, abriendo una pieza separada para investigar específicamente las presuntas mordidas por obras y dejando en la parte principal todo lo demás.

Al dar este paso, el magistrado avanzó que su intención era agilizar la instrucción de la parte principal, con miras a concluirla pronto, dado que las indagaciones sobre obra pública aún están en fase embrionaria.