Villarejo asegura que el Gobierno y los separatistas están utilizando el sumario de la causa Tándem para blanquear la amnistía

En un escrito relata que la información en poder de la Fiscalía Anticorrupción y del Gobierno a través del Ministerio del Interior y el CNI, ha sido filtrada y utilizada políticamente por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para justificar la Ley de Amnistía

El comisario José Manuel Villarejo asegura que el Gobierno socialista que preside Pedro Sánchez y los independentistas están utilizando sumario del ‘caso Tándem’ para blanquear la aplicación de la amnistía a los condenados del golpe de estado en Cataluña.

Según un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción 6, al que ha tenido acceso Fuentes Informadas, Villarejo sostiene a través de su defensa que “no le cabe la menor duda, de que se están realizando las filtraciones de los documentos intervenidos en esta causa, con el fin de beneficiar la causa independentista y justificar la Ley de Amnistía, al tiempo que debilita cualquier posición de rechazo por parte del Partido Popular, al que el partido Socialista y sus socios, señala como el artífice de perseguir adversarios políticos, cuando estaba en el gobierno”.

La procuradora Beatriz Prieto recuerda en el documento que su defendido había presentado sendos escritos, así como, diversos más el principal defensor; todos referidos a la incoación de la pieza separada nº 28, que a criterio de esta defensa se inició ilegalmente, puesto que se abrió en base a una denuncia presentada por un detective privado, con supuestos datos que aportó por haber investigado en la causa penal Tándem.

Sin respuesta después de dieciocho meses

Prieto sostiene que han transcurrido casi dos años y medio desde que se presentaron dichos escritos “sin que jamás se obtuviera respuesta de estos”. Recuerda la letrada que en los mismos “se ha razonado que con arreglo a los más elementales principios del Estado garantista que rige nuestra Constitución, jamás debió, con arreglo a Derecho, incoarse esta pieza nº 28”. 

Para la procuradora no hay duda alguna a la vista de las noticias aparecidas en los medios estos días, referidas a la llamada ‘operación Cataluña’, de que gran parte de la documentación que se está publicando, “es la que se obtuvo en la pieza “que fue declarada secreta por ese instructor, lo que no deja ninguna duda, que la misma se inició con fines perversos y que ahora está siendo utilizada para servir de coartada a la Ley de Amnistía, según el tenor editorialista que persiguen el contenido de dichas noticias, así como las manifestaciones que el Gobierno está realizando sobre ellas”.

Se está exagerando el contenido

El documento destaca que se está exagerando el contenido hasta el extremo de que, en el día de hoy, la vicepresidenta primera, en el programa de Antena 3 “Espejo Público” ha dicho que, las noticias revelan que el Partido Popular, con la ‘Operación Cataluña’ realizó un ‘Watergate’, “porque al igual que hizo Nixon, el presidente Rajoy espió ilegalmente a adversarios políticos”.

Prieto ya advirtió desde el primer día que la denuncia presentada por el detective Francisco Marco fue promovida por encargo de posiciones independentistas, como era el clan Pujol, “como ha quedado demostrado, y por tanto, nunca debió ser aceptada por los policías de la Unidad de Asuntos Internos, tramitada por los del Grupo III, y tampoco debió ser patrocinada por los fiscales, que indujeron a su señoría al engaño de incoarla, puesto que había espurios intereses ocultos, como estos días se está comprobando”.

Actuación ilegal del detective

En el relato del escrito se hacen constar diferentes alegaciones y entre ellas que la actuación del detective evidencia ha sido ilegal ya constan en los escritos anteriores y esta defensa no los repetir, y que “para asombro de esta defensa”, el escrito de los fiscales “aceptó esta gratuita justificación, sin oposición a dicho argumentario y reproduciendo prácticamente el oficio de la UAI en el que se sostenía que el denunciante, que en su condición de detective privado ha estado investigando la actividad desarrollada por el investigado en esta causa José Manuel Villarejo Pérez y, según refiere, habiendo entrado en contacto con un individuo, que no ha podido identificar, que se encuentra ofertando la venta de información que aquel mantiene bajo su control”.

La procuradora recalca que la Fiscalía realizó un “corta y pega” del oficio policial y lo tramitó a su señoría, sin hacer la mínima comprobación sobre la veracidad de los hechos denunciados. La letrada añade en otra alegación que “además de la absoluta ausencia del mínimo indicio, para incoar una pieza nueva a la causa Tándem, como quedó acreditado, resulta obsceno e impresentable de cualquier punto de vista legal, que se aceptara una denuncia sin comprobar nada y menos aún, que se iniciara por la sola versión de quien se presentó como detective privado, alardeando de haber estado investigando la actividad desarrollada por un investigado en una causa penal, cuando tanto los policías como los fiscales, tenían la obligación de conocer la Ley de Seguridad Privada”.

Extralimitación de funciones

La ley a la que se refiere el documento establece que el detective privado no podrá prestarse ningún tipo de servicio de seguridad privada que no haya sido previamente contratado y, en su caso, autorizado, y que los despachos de detectives privados no podrán celebrar contratos que tengan por objeto la investigación de delitos perseguibles de oficio ni, en general, investigar delitos de esta naturaleza, debiendo denunciar inmediatamente ante la autoridad competente cualquier hecho de esta naturaleza que llegara a su conocimiento, y poniendo a su disposición toda la información y los instrumentos que pudieran haber obtenido, relacionado con dichos delitos.

De esta forma, para Beatriz Prieto “resulta inexplicable que, los policías y los fiscales, dieran por correcta y ajustada a Derecho, la ilícita conducta, de este detective-denunciante, la normalizaran y lejos de cuestionarla, la aceptaran sin indagar quien le había contratado”. Y agrega: “La ausencia de las mínimas gestiones indagatorias sobre esos aspectos tan fundamentales, como quién contrató al detective para investigar en una causa penal y lo que es más grave, quién le autorizó a actuar como policía judicial, denotan una grave e inexcusable negligencia. Esta defensa confía, que sea esta la mejor de las hipótesis, puesto que la otra sería una evidente complicidad tanto de los policías, como de los fiscales, que habrían actuado así, presumiblemente siguiendo consignas de sus superiores”.

Se hizo pasar por abogado

El detective al que los policías y los fiscales denominan ‘Francisco Marc’ en sus escritos, para ocultar su identidad, se hizo pasar en 2018 y 2019 por un abogado llamado Alberto Carrillo del despacho de Martell, abogado de los Pujol, cuando un preso de Estremera contactó con el mismo y ofreció información del comisario Villarejo.

La procuradora aclara que este preso, Javier Cubero, no llamó al detective, sino al abogado de los Pujol, ya que supo que Josep Pujol le había mandado una carta al comisario preso en Estremera y creyó que podía conseguir dinero si ofrecía información que beneficiaría la causa contra el clan. “Además, Cubero era el preso de confianza (ex funcionario de Prisiones) que el CNI había colocado en la celda del general Hugo Carvajal para informar de todo lo que hiciera el ex jefe del espionaje venezolano”.

Abogado del clan Pujol

El documento pormenoriza todo el entramado creado y aporta detalles de los pasos dados para lograr determinados objetivos. “Resulta de todo ello, cuanto menos una grave negligencia, no comprobar nada, ni pedir explicaciones de por qué el abogado de Pujol, Cristóbal Martel, había contratado al detective, por lo que, para esta defensa, resulta obvio que policía y fiscales eran cómplices y encubrían todas estas actividades ilegales y prueba de ello, es que nunca han dado las mínimas explicaciones a su señoría, de las razones que adujeron para incoar esta Pieza 28, ni argumentaron la solicitud de limitación de derechos como las intervenciones telefónicas de la esposa del comisario Villarejo, teniendo la desfachatez de alegar que no encontraron nada incriminatorio en las conversaciones, porque falló el ‘pinchazo’ durante meses”, refiere el escrito.

Prueba de la complicidad de los policías de Asuntos Internos con este detective, y que sin duda recibían instrucciones del CNI, como ha quedado acreditado en otros sumarios y en distintas piezas separadas de esta causa, es que, “urgentemente” se desplazaron a Barcelona, dos agentes para tomarle declaración en su despacho, una forma de actuar que evidencia que para sus superiores era importante y que debían actuar antes de los cambios en los fiscales, lo que al final ocurrió. 

Indagar pagos

“Esta defensa en el escrito del 2 de abril de 2022 solicitó que se indagaran los pagos que el despacho de Martel, abogado de los Pujol, hizo al detective-denunciante”, refiere la procuradora, quien asevera que en dicho escrito, se hacía constar que se abonó casi un millón de euros al detective denunciante a través dos sociedades a través de las cuales en 2019 se facturaron 767.000 € y 132.000 €, declarando un total de 900.000 €, con un beneficio de casi 600.000 €, ya que apenas generó gastos de explotación.

Este año coincide con las actuaciones de acercamiento al tal Cubero, en base a la contratación para investigar a Villarejo Pérez y presentar las denuncias con los datos por los que cobró, “denuncias que han beneficiado a los Pujol y al conjunto de los independentistas catalanes, como su señoría, ahora está comprobando”.

  No resultó casual para la defensa, que coincidieran las denuncias de este detective con las nuevas diligencias ordenadas en junio de 2020 por el magistrado De la Mata, ante la aparición de datos significativos, vinculados precisamente a clan Pujol, en las notas de inteligencia requisadas en los registros que sufrió en su celda de Estremera estando en prisión nuestro patrocinado José M. Villarejo, con datos que obtuvo realizando viajes a diferentes lugares. “Son fácilmente comprobables los vínculos del detective-denunciante con el partido político CDC, actualmente Junts, presidido por el prófugo Puigdemont, con Martel y por ende con sus clientes los Pujol y un largo etc. de intereses vinculados con el independentismo”.

Noticias interesadas

El documento recalca que las noticias que están apareciendo estos días están relacionadas, con el contenido documental de la causa Tándem y mucho se teme esta defensa, que muy en especial, con lo incautado en la pieza separada nº 28; gran parte del cual, como ya ocurrió en noviembre de 2017, jamás se hizo constar en las actas de registro, ni se inventarió.

Beatriz Prieto subraya en el escrito que “siendo pues que las notas de Inteligencia publicadas habían sido consideradas por el instructor como de naturaleza reservada al afectar a secretos de Estado, y que esas notas, además del propio órgano instructor, sólo estaban en poder de la Fiscalía Anticorrupción y del Gobierno a través del Ministerio del Interior y el CNI, y han sido evidentemente filtradas y utilizadas políticamente de forma por el Gobierno de la nación para justificar la Ley de Amnistía, debe proceder investigar la filtración  depurando las responsabilidades de los que han violado el secreto del Estado que contenían”.

Perjudican a la imagen del Poder Judicial

Con este argumento la procuradora Prieto reclama que se investiguen los hechos “que tanto benefician al Gobierno y perjudican la imagen del poder Judicial, puesto que está usando espuriamente el contenido de la causa Tándem, instruida por su señoría, para poder así justificar la Ley de Amnistía”.  

La letrada ruega además que declare nula la Pieza 28 y todo lo que pudiera haberse contaminado con el material documental requisado, consecuencia de una denuncia de un detective al servicio de los intereses independentistas y se indague sobre los que autorizaron a dicho detective a investigar en la causa.