Una fiscal defiende las pruebas documentales ante los testimonios en los casos de agresiones sexuales

La fiscal pretende de esta manera evitar la «revictimización» de las jóvenes sexualmente agredidas al ser obligadas a «revivir lo ocurrido»

El caso de los dos agentes de Estepona acusados de abusar sexualmente de una joven ha tomado un cariz jurídico. La fiscal especializada en violencia contra la mujer, Teresa Peramato, demanda un «cambio legal», según el cual debería bastar con solo la primera declaración para que las víctimas no tuvieran que «rememorar el calvario», tal y como informa la periodista ,Mariola Lourido, en Hoy por Hoy de la Cadena SER.

«Las víctimas contra violencia sexual son muy vulnerables», ha explicado. «No todas se ven con la fortaleza para volver a reproducir un suceso traumático» Por eso se solicita expresamente la modificación del artículo 448 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que en materia de violencia sexual se empleen tan solo las pruebas documentales durante la fase de instrucción en lugar de recurrir a los testimonios, como ocurre en los casos de menores.

De esta forma, se evitaría la «revictimización» de los afectados y la víctima no tendría que «revivir lo ocurrido», tal y como sucede en el caso presente. La muchacha agredida decidió que los dos agentes fueran sancionados con una multa de 80.000 euros y un curso de reeducación sexual de obligado cumplimiento.

Los hechos tuvieron lugar el 10 de junio de 2018. La víctima, que entonces tenía 18 años y estaba de viaje en Málaga, manifestó a la Policía Nacional que ella, su amiga y el novio de esta fueron interceptados en un control policial por los dos agentes. Durante la intervención, los policías preguntaron al conductor si había consumido alcohol y, ante la contestación afirmativa de este, le indicaron que dejara el vehículo aparcado, le pidieron a continuación un taxi para que los trasladara a su domicilio y se ofrecieron a llevarles el coche cuando finalizaran su jornada laboral.

Según el relato de la denunciante, momentos después de que los tres amigos llegaran a su edificio, se personaron los agentes en el coche particular de uno de ellos y, tras mantener una breve conversación amistosa, propusieron a los jóvenes subir al domicilio, a lo que accedieron por su condición de policías, y, una vez allí, se produjeron los hechos denunciados.

Eran las seis y media de la madrugada. Tras acceder al piso, uno de los agentes -según el relato de la Fiscalía- preguntó al resto: «Bueno, ¿cómo se empieza una orgía?»

Los acusados supuestamente trataron de convencer a la víctima de hacer un trío: «Cuántas chicas quisieran estar en tu lugar y liarse con dos policías a la vez». Ella se resistió, pero la desnudaron. Uno de los policías le metió los dedos en la vagina y otro la penetró sin condón. La amiga de la víctima salió llorando de la vivienda y fue a pedir ayuda.

La Fiscalía pedía una condena de 30 años de prisión para cada uno de los policías, que después fueron expulsados del cuerpo.

La acusación particular había elevado la solicitud a 33 años al añadir un delito contra la salud pública porque sostienen que, además de violarla, la obligaron a consumir cocaína.

Uno de los tres jueces que condenaron a dos años de prisión a los policías se mostró contrario a que quedaran en libertad, y a que la pena de cárcel fuera sustituida por un curso de reeducación sexual. Sin embargo, los otros dos magistrados, sí aceptaron el acuerdo, dejando al juez, Pedro Molero, presidente de la sección octava de la Audiencia de Málaga, en minoría, por lo que tuvo que emitir un voto particular.

En dicho voto, el juez explica que los hechos objeto de la condena son “muy graves” y recuerda que los condenados “valiéndose de su condición de policías” abusaron sexualmente de una joven de 18 años y se “aprovecharon de su situación de vulnerabilidad, encontrándose ebria y creando una situación ambiental de intimidación”.