Hoy: 5 de noviembre de 2024
Las cárceles se erigen en submundos donde directivos e incluso funcionarios exigen a los internos que les traten igual que al Rey, con el don delante, pese a que lo cierto es que don Felipe de Borbón es el único en España que tiene regulado ese tratamiento. Nadie más.
Pero si algún preso olvida anteponer el don, se juega aislamiento y pérdida de permisos… Obviamente, cualquier sanción por este motivo sería susceptible de recurso y se ganaría en los tribunales, ¡¡¡pero a ver quién es el listo que se atreve a ir a los jueces!!! Y más en una institución en la que los dones se afanan por tener siempre apagadas las luces de la transparencia. Eso abre la puerta a la impunidad.
Los jueces de vigilancia, hay excepciones, creen más en general a los funcionarios que a los internos. Los que osan recurrir se convierten en presos odiosos para los directivos y, como se despisten, cae sobre su cabeza la tenaza de la sanción.
Es decir, son dianas propicias para lo que se denomina vulgarmente ser objeto de constantes puteos. Para que estallen y cometan algún desliz que entonces sí justificaría la sanción. Están en la lupa ante la arbitrariedad y corporativismo.
Solo en un oscurantista contexto de impunidad como este, de cosa nostra, pueden explicarse los tres terribles sucesos (y, ojo, son solo un botón de muestra) acaecidos en la segunda mitad de 2019 en la prisión de Soto del Real (Madrid). Podía haber ocurrido en cualquier otra cárcel, ya que los suicidios, las desatenciones y las putadas están a la orden del día en muchas prisiones, pero no se habla de ello.
Por una vez actuó la Administración penitenciaria que dirige el amigo personal de la ex alcaldesa de Madrid Manuela Carmena. Este se llama Ángel Luis Ortiz y, curiosamente, fue juez de vigilancia en Madrid, como Carmena, pero nada que ver con ella respecto a la sensibilidad de esta hacia los presos.
Se deja llevar por amiguismos. Y tapa ante el ministro Fernando Grande-Marlaska, máximo responsable de las cárceles, la forma de actuar de algunos directores de su entorno. Es el caso, por ejemplo, de don Pepe Comerón, alcaide de Alcalá Meco. O don Pepe a secas, pero siempre con el don, aunque ni siquiera se le conocen estudios superiores, señalan fuentes penitenciarias.
“Los modos que suele emplear este director con internos e incluso familiares son vomitivos”, coinciden en señalar unos y otros a este digital. Se le escapó por la puerta principal un peligrosísimo preso hace unos meses y recientemente, además, se suicidó un enfermero de su cárcel que dejó una carta en la que lo pone a parir. Le hacían la vida imposible en la cárcel. Y él sigue como si nada. Lo mantiene su amigo Ortiz.
Entre mayo y junio de 2019, siendo director DON Luis Carlos Antón, el secretario general Ortiz actuó con contundencia en Soto. Destituyó a todo el equipo sanitario de la prisión de Soto. Por desatención médica a los internos, pese a que ninguno había dejado de cobrar ni un solo mes su nómina del Estado.
En esa fecha hubo dos muertes en Soto y otra que no se consumó casi de milagro, la de de Juan Antonio Rodríguez Flores. Con negligencia y dejación médica.
Juan Antonio es el interno que en la actualidad se halla prófugo de la prisión de Navalcarnero (las desatenciones sanitarias son en las cárceles más frecuentes de lo que se pueda pensar.
Juan Antonio Flores, de 44 años y padre de cuatro hijos, no está huido porque en su mente floreciera de pronto un irrefrenable deseo de libertad que impulsivamente antepuso a la obligación que tiene de cumplir los dos años que aún le restan de la condena de ocho años que pesa sobre él por un delito económico. Es decir, no es un asesino. Ni se fugó para irse de pic nic.
Juan Antonio decidió hace un mes no reincorporarse a la temida prisión de Navalcarnero por varios motivos: porque tiene una diabetes grave y sigue curándose, junto a su familia, de una úlcera que le salió en un pie hace más de dos meses y que no cesaba de sangrar ante la total indiferencia de los directivos y de los sanitarios del centro, según explica el propio interno a Fuentes Informadas.
Necesitaba sí o sí antibióticos y en la cárcel no se los daban. Y la herida ya hasta olía. Se autocuraba él con Betadine que le facilitó de extranjis otro interno.
Y allí, salvo el enfermero de Alcalá Meco que, tristemente, se suicidó hace un par de semanas, nadie hacia caso a su herida. Y sus quejas sobre esta desatención, primero en la cárcel de Alcalá Meco de don Pepe Comerón, y después en la que dirige la joven Noelia Jiménez en Navalcarnero, no estaba siendo correctamente atendidas. La diabetes que sufre, la peor, la tipo 1, que dio la cara en 2019, en Soto, mediatiza toda su situación clínica.
Y la otra razón de su huida obedece a que, ante esa caótica atención médica, no está dispuesto a que le ocurriera lo mismo que en Soto en 2019. Casi se muere. Le salvó in extremis el hospital Gregorio Marañón. Al llegar a Soto era un deportista perfectamente sano, socorrista, ordenanza de las canchas deportivas del centro… Pero un día sufrió un pequeño golpe en la pierna que fue evolucionando con fuerte dolor y fiebres y que derivó en una septicemia con metástasis y mareo fulminante. Se limitaban a darle analgésicos.
En el hospital Gregorio Marañón, tras diez días en coma, sopesaron incluso amputarle una pierna. Por suerte, finalmente, no fue necesario, pero le informaron de su diabetes y de lo que le había supuesto aquella pequeña lesión que, pese a sus ruegos, ningún médico se preocupó de ella. Hoy tiene un fémur de platino, cojera y un grave glaucoma.
Antes de eso era el socorrista y monitor del polideportivo de Soto. Un atleta. Desde entonces, en cambio, tiene un 75% de discapacidad reconocida oficialmente por la Comunidad de Madrid. “Me han destrozado la vida”, señala.
Cuando, tras salir del coma y tras más de un mes de hospitalización en el Marañón, donde hay un área de presos, volvió a la cárcel de Soto. Ninguno de los médicos y enfermeros que estaban allí cuando él se hizo la lesión que acabó en septicemia, estaban en la prisión a su vuelta.
Ante Juan Antonio se presentó como director médico un facultativo apellidado Casilla. Ya recuperado, le preguntó por los otros sanitarios y este se limitó a decir que se había abierto una nueva etapa. Lo cierto es que a todos los demás se los habían llevado de Soto
“Ahora soy el director médico” recuerda Juan Antonio Flores que le dijo. “Intentaré hacer que todo vaya mejor”, añadió con sonrisa forzada. “No hizo falta que dijera más: ese simple comentario revelaba lo que todos sospechábamos, aunque sin confirmarlo de manera explícita”, rememora el interno
¿Qué había pasado? ¿Por qué Ángel Luis Ortiz fulminó a todo el equipo médico de Soto? Tenía sus razones. La cercanía con la muerte de Juan Antonio Flores sin duda influyó: se trataba de un hombre sano que tras entrar en la cárcel casi se muere y se queda con un 75% de discapacidad.
Este asunto, el desdén médico hacia los presos y sus consecuencias, ha costado un pastón al Estado. Cómo vería Prisiones la demanda que interpuso Juan Antonio por negligencia sanitaria contra el director y de ahí hacia abajo, que Prisiones decidió pactar con él. Ha tenido que pagarle una fuerte indemnización, que no ha salido de los bolsillos de ninguno de ellos, sí del de todos los contribuyentes. Juan Antonio, que es empresario, ha estudiado Derecho en la cárcel.
Pero en esos días en que Juan Antonio estuvo tan enfermo, hubo otros dos terribles sucesos en la cárcel de Soto que coadyuvaron a la decisión de DON Luis Ángel Ortiz de despedir o trasladar a toda la plantilla sanitaria. Él permite que se pueda castigar a un preso si no llama, por ejemplo, don Pepe a Pepe o José Comerón, lo cual no impide el debido respeto en el trato.
Pero esos meses en la prisión de Soto fueron desoladores en términos médicos. “Las quejas de los internos sobre la atención médica eran entonces constantes: personas con dolor agudo que no recibían respuesta, diagnósticos tardíos e indiferencia hacia los síntomas que algunos padecían. Las historias se extendían de módulo en módulo, llenando de temor y desconfianza a los internos, quienes sabían que si su salud dependía del equipo médico, estaban prácticamente a su suerte”, aseguran ex presos del centro.
En mayo y junio de 2019, murió en su casa un interno tras haber pasado una muy dolorosa agonía en la cárcel. Este recluso, se omite su nombre, estuvo dos meses rabiando de dolor en el estómago. Sus compañeros le veían en el patio, o en la celda, encogido de dolor. Un día y otro… Los médicos solo le recetaban calmantes.
Cuando dos meses después decidieron llevarlo al hospital, nunca antes le habían hecho una radiografía, los facultativos le diagnosticaron un cáncer terminal en el estómago con metástasis. La cárcel lo envío a su casa para que se muriera allí. Tardó 20 días. Juan Antonio y otros muchos internos son testigos del sufrimiento que pasó este interno.
“Este preso clamó atención médica durante meses debido a intensos dolores de estómago, pero se le ignoró sistemáticamente. Cuando finalmente fue trasladado al hospital, le diagnosticaron un avanzado cáncer de estómago. Ya era tarde”, explican fuentes penitenciarias.
“Las instituciones, en lugar de ofrecerle el tratamiento y los cuidados que merece cualquier ser humano, optaron por aplicarle el artículo 104.4 de manera apresurada, permitiéndole salir para morir en casa, lo que ocurrió apenas 20 días después”, señala.
El otro caso fue el de un paracaidista del Ejército, cuyo nombre se corresponde con la inicial R., que tenía un trastorno mental. Sus psiquiatras informaron de que no debía estar solo nunca porque anidaban en él deseo de autolisis. Junto a él, en la celda, la dirección le puso a un interno de los de confianza, para que no estuviese solo. Y así estuvo algunos meses, sin problemas.
Pero de pronto, le cambiaron del módulo 7 al 8 de Meco. Y sucedió que durante el cambio, que era innecesario, se quedó solo una noche. Esa noche se colgó con unas sábanas de la ventana de la celda.