La crítica situación que sufre el continente europeo, con unas cotas de tensión desconocidas desde probablemente el bloqueo de Berlín, a cuenta de la agresión que, a manos de la Federación de Rusia, sufre desde 2022 la República de Ucrania (que ha causado más de ciento cincuenta mil muertos hasta ahora, además de innumerables heridos y cientos de miles de desplazados y refugiados por toda Europa).
Está también el recrudecimiento del endémico conflicto en el Próximo Oriente con las brutales hostilidades que desde 2023 se desarrollan en la Franja de Gaza entre Israel y Hamas (que amenazan con extenderse al Líbano e incendiar la región y que hasta ahora han ocasionado más de cuarenta mil muertos y casi cien mil heridos y mutilados entre una población de no más de tres millones), y otros conflictos armados menos mediáticos para la opinión pública occidental pero no por ello menos sangrientos (entre los que destaca el que, desde 2023, asola la República de Sudán entre las Fuerzas Armadas del Estado y las llamadas Fuerzas de Apoyo Rápido y otros actores armados, y que ha dado lugar a miles de muertos y centenares de miles de desplazados).
Todo ello permite afirmar que sigue vivo el flagelo de la guerra al que la Carta de las Naciones Unidas quiso poner fin en 1945, aunque desde entonces la humanidad se ha visto sacudida inmisericordemente por guerras y enfrentamientos continuos y sangrientos.
La respuesta a estas situaciones solo puede ofrecerla el Derecho, tanto desde el punto de vista de la restauración de una paz justa, que respete el derecho a la integridad territorial y la independencia política de los Estados, el derecho a la libre determinación de los pueblos bajo ocupación militar y el de las poblaciones civiles a vivir en condiciones que garanticen su seguridad, dignidad y bienestar. Y eso sin sometimiento a amenazas y exacciones de gobiernos o grupos como a que, en tanto se desarrollen las hostilidades, se respete por los combatientes (y, sobre todo, las autoridades y mandos de estos) el Derecho internacional humanitario o Derecho internacional de los conflictos armados.
Para los organizadores se trata de garantizar la vida e integridad de los heridos, enfermos, náufragos, población civil, detenidos y personas privadas de libertad por razones relacionadas con el conflicto armado, personal sanitario, religioso y humanitario y se proteja y respete a los centros e instalaciones médicas y sanitarias, los bienes culturales, las instalaciones y bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, etc., sin utilizar u ordenar utilizar medios (armas) y métodos de combate prohibidos por la costumbre o los tratados internacionales.
Ante la lamentable falta de un adecuado conocimiento de estas materias que existe en España, incluso entre quienes habrían de verse directamente concernidos, como protagonistas, en el empleo de la fuerza armada, la Universidad de Castilla-La Mancha oferta a los grupos que más pueden resultar interesados en esta problemática de conflictos armados (como miembros de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, operadores jurídicos, juristas, personal sanitario, diplomáticos, periodistas, consultores, analistas, políticos y miembros de las Administraciones Públicas interesados o concernidos en cuestiones internacionales, militares y de Defensa, trabajadores humanitarios y miembros de ONG,s, estudiosos e interesados de países latinoamericanos, etc.) un máster en formación permanente en conflictos armados y cursos de especialista en la materia.
La maestría y los cursos tienen por objeto proporcionar a quienes, directa o indirectamente, pueden verse involucrados en un conflicto armado, o en su desarrollo o consecuencias, una formación multidisciplinar, a cargo de los mayores especialistas de nuestro país en las diferentes materias, en la que se viene a combinar, de manera equilibrada y adecuada, tanto una visión global del origen, desarrollo, reglas y consecuencias de los conflictos armados como un análisis jurídico del comportamiento exigible a los combatientes y de los efectos y consecuencias de los actos llevados a cabo durante las hostilidades tanto desde una perspectiva internacional como penal.
A este respecto, cabe resaltar, en orden a la utilidad de los conocimientos que se imparten que recientemente se ha dado a conocer por el gobierno de Australia los resultados del ‘Informe Brereton’, en el que se ha investigado la actuación de determinados miembros de sus Fuerzas Armadas durante el conflicto de Afganistán y como consecuencia del cual se calibra exigir responsabilidades penales a algunos de ellos (y, sobre todo, a los mandos que dirigieron las operaciones puestas en cuestión y a los que no impidieron o denunciaron los hechos controvertidos) por graves violaciones del Derecho internacional humanitario.
Los conocimientos que se pretenden proporcionar por la Universidad de Castilla-La Mancha tienen por objeto dotar a los participantes de las herramientas y habilidades precisas para, a través del conocimiento de la normativa, convencional e interna, que regula el desarrollo de los conflictos armados actuales, desempeñarse en el contexto de estos sin violar o conculcar, por sí o a través de sus subordinados, aquella normativa, adoptar decisiones dentro del marco legal sin incurrir en responsabilidades penales.
Quiere también asesorar correctamente a quienes hayan de tomar aquellas decisiones y conocer las consecuencias jurídicas derivadas de las actuaciones llevadas a cabo en conflicto armado, ante todo la eventual exigencia de responsabilidades penales que puedan derivarse de incumplimientos de las disposiciones que regulan el comportamiento durante el combate o ius in bello.
La creciente demanda social que se observa en los Estados de nuestro entorno acerca del estudio de esta materia por parte de los múltiples grupos de actores que pueden llegar a estar involucrados, de alguna manera, en el desarrollo de un conflicto armado hace preciso que en nuestro país se ofrezca un vehículo de conocimiento integral y riguroso, a cargo de contrastados expertos, acerca de cuantos aspectos geopolíticos, sociológicos, diplomáticos, militares, jurídicos y de otra índole resulta imprescindible conocer y tener en cuenta antes de un conflicto armado y aquellos que es necesario aplicar durante su desarrollo y después de terminadas las hostilidades, sobre todo a efectos de exigencia de eventuales responsabilidades penales por actos cometidos durante las mismas.
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