Los protocolos por acoso sexual dejan 13 guardias civiles expedientados desde 2019 y 27 policías nacionales desde 2022

El Ministerio del Interior admite que varios de los agentes señalados ocupaban puestos de mando

Los protocolos internos puestos en marcha por el Ministerio del Interior dejan un balance de 13 guardias civiles con expediente disciplinario abierto desde 2019, así como 27 casos estimados en la Policía Nacional desde 2023.

Los datos los ha detallado el Ministerio del Interior en una respuesta parlamentaria fechada el 10 de abril, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que recuerda que estos protocolos se están revisando en la actualidad, como anunció el titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, tras la denuncia de una subordinada contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González.

En lo que respecta a Guardia Civil, Interior precisa que consta denuncias contra siete agentes por delitos de acoso sexual desde 2019, de los que uno terminó en condena y tres en imputación. «Todos los agentes se encontraban en situación de activo y cuatro de ellos tenían responsabilidades jerárquicas», añade.

A petición de EH Bildu, el Ministerio del Interior explica que la Inspección Extraordinaria Incidental (IEI) es un recurso previsto en la Instrucción 2/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre organización y funcionamiento de la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad (IPSS), y que se quiere llevar a cabo «a la mayor celeridad posible».

Protección de la víctima

Por este motivo, añade, un equipo de inspección compuesto por miembros del Ministerio del Interior se encuentra actualmente analizando los protocolos internos de actuación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ante situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo, género, orientación e identidad sexual, así como ante la violencia de género.

No obstante, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha puesto en valor los protocolos internos para canalizar denuncias, subrayando que «se adoptan las medidas de protección, apoyo e información que resulten necesarias en el ámbito organizativo y asistencial, así como, si la víctima lo solicita, medidas de asesoramiento confidencial y acompañamiento especializado».

«El procedimiento de inspección se encuentra en curso y en fase preliminar, lo que impide, conforme a criterios de prudencia y rigor, formular un resultado o conclusiones definitivas hasta su completa finalización», concluye Interior.