Donald Trump ha lanzado una propuesta contundente. Quiere que todo aquel que cometa un asesinato en Washington sea condenado a la pena de muerte. Lo anunció durante la séptima reunión de su Gabinete. “Si alguien asesina a alguien en la capital, pena de muerte”, dijo sin rodeos.
Para Trump, es una medida de prevención “muy fuerte”. Reconoce que no sabe si el país está listo. Aun así, insiste en que no ve otra salida. “No tenemos otra opción”, repitió. Asegura que toda su Administración apoya esta medida.
El presidente cree que la criminalidad en la capital se ha desbordado. Aunque las cifras oficiales indican que el nivel de delitos está en su punto más bajo en tres décadas, él considera que la amenaza sigue siendo alta. Por eso quiere aplicar sanciones extremas.
Según ha publicado 20 minutos, Trump tomó el control de la seguridad en Washington el pasado 11 de agosto. Lo hizo durante 30 días, amparado en una ley que permite intervenir la autoridad local si existe una “emergencia” por alta criminalidad. Con su orden, se desplegaron 800 miembros de la Guardia Nacional. Poco después, seis estados republicanos enviaron refuerzos. La cifra de efectivos se elevó hasta los 2.000, sumando policías locales y agentes federales del FBI, la DEA y el ICE.
El despliegue ha sido amplio y visible. Patrullas en las calles, controles y operativos sorpresa forman parte del nuevo escenario de seguridad. La fiscal general, Pam Bondi, informó que ya se han arrestado 1.094 personas y se han requisado 115 armas ilegales en pocos días.
El Gobierno presenta estos resultados como una muestra de que la estrategia funciona. Sin embargo, no faltan voces críticas. Organizaciones civiles y activistas aseguran que, bajo el pretexto de combatir el crimen, las agencias federales están deteniendo a migrantes indocumentados. Denuncian que estas operaciones se están utilizando para reforzar la agenda migratoria de Trump.
Mientras tanto, el debate sobre la pena de muerte vuelve a ganar fuerza en Estados Unidos. Sus defensores la ven como un elemento disuasorio. Sus detractores la consideran ineficaz y contraria a los derechos humanos. Trump, sin embargo, parece decidido. “Si alguien mata a alguien, va a ser pena de muerte”, reiteró.
Con esta propuesta, el presidente no solo busca reducir los homicidios. También envía un mensaje político claro en un momento en que la seguridad es uno de los temas más sensibles para los votantes. La pregunta ahora es si el Congreso y los tribunales permitirán que este plan se haga realidad.