Leo en “El Diario Vasco”, decano de la prensa de Gipuzkoa, en su edición del sábado día 13 de septiembre, en la página 8, una noticia que me chirría. Dicha noticia se titula: “Detectan un caso de tuberculosis en la EHU (Universidad del País Vasco) en Leioa y Salud pone bajo vigilancia a 70 personas.”
No es que sea alarmante la noticia, en España se dan unos 3500 casos de tuberculosis al año, y aunque es una enfermedad que tiene cura hoy en día, es muy contagiosa y su tratamiento es bastante invasivo.
La noticia continúa diciendo que se “ha activado ya el protocolo previsto para estos casos, poniendo bajo vigilancia a 70 personas, alumnos y profesores que han tenido contacto directo con la persona infectada.” Lo cual es lógico y normal. Dice la noticia que existe lo que llaman el Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis en Euskadi, una actuación que se lleva a cabo dentro de la Dirección de Salud Pública del Gobierno Vasco.
Este mismo sábado día 13, en las noticias de la mañana se ha emitido una noticia similar pero en la localidad de Badalona, donde en un asentamiento “okupa” con entre 200 y 500 personas ocupando un antiguo instituto, se han detectado 10 casos de tuberculosis. Allí, la Consellería de Salud Pública, también ha puesto en marcha un protocolo para intentar contener el brote.
Todo ello está muy bien. La salud pública debe ser prioritaria para nuestros políticos. La salud pública de todos. La salud de los ciudadanos, la salud de los inmigrantes, de los sin techo. Pero también la salud de los presos. Y esto último por mandato, no divino, sino de una ley orgánica, que siempre se olvidan de cumplir.
Y digo esto en relación con otra noticia que se publicó también en el Diario Vasco el día 20 de agosto, cuando se denunció que un preso de la cárcel de Martutene había sido aislado por haber sido diagnosticado de tuberculosis. Dicho preso, había estado en contacto con el resto de los presos de la cárcel durante varios días antes de que se le aislara. Y en contacto también con los funcionarios de la prisión.
Así mismo, en fecha 6 de septiembre, el mismo periódico, publicó una noticia sobre la denuncia de 70 presos y dos sanitarias (una doctora y una psiquiatra) sobre, entre otros problemas, la falta de actuación de la administración del País Vasco con respecto a ese “protocolo” para el control de la tuberculosis que se supone se debe activar cuando se detecta un caso.
Los presos no viven aislados. Tienen contacto con los funcionarios de prisiones en su día a día. También tienen contacto con sus familiares y allegados, dos veces al mes. Allegados que salen de prisión y pueden llevarse consigo la enfermedad latente.
El día 19 de julio, se publicó en este medio, “Fuentes Informadas”, un artículo que denunciaba la falta de asistencia sanitaria dentro de las prisiones. Ausencia de médicos, ausencia de psiquiatras, desidia por parte de los funcionarios, etc. El artículo 36 y ss. De la LOGP, establece la obligación de la administración de prestar asistencia sanitaria a los presos. Ni más ni menos.
Como siempre, lo que sucede en la cárcel, se queda en la cárcel. Hasta ahora.
Ya va siendo hora de que lo que sucede en las cárceles, sea de dominio público y sea objeto de debate y control. La cárcel es el paradigma de las instituciones cerradas, pero no debe ser el paradigma de la opacidad y del descontrol. No debe ser una institución que castigue a los presos por encima de las condiciones que marca la ley.
Lo contrario sería cambiar los papeles. Yo cometo un delito y voy a la cárcel. ¿Qué ocurre cuando mis carceleros o quien me manda a la cárcel comete un delito? Deberían ir a la cárcel. Pero por desgracia, y lo estamos viendo cada día, eso no es así. A los directores de prisiones que se les pilla cometiendo delitos, simplemente se les cambia de prisión y punto. Porque lo que pasa en una cárcel, se queda en esa cárcel. Y otro vendrá. U otro ascenderá.
En la prisión de Martutene hay, en estos momentos, unos 350 presos que han estado en contacto con el interno diagnosticado de tuberculosis. Esos 350 internos han estado en contacto con unos 150 o 200 funcionarios de prisiones, voluntarios de distintas asociaciones, etc. Y por último, esos 350 internos han tenido contacto con una media de tres personas entre familiares y allegados. Nos encontramos con más de 1000 personas que han salido de la cárcel y que han podido haberse contagiado de tuberculosis y que a su vez han tenido contacto con otros miles de personas.
Precisamente, los protocolos de control de las enfermedades infecciosas establecen la realización de controles y seguimientos a todas las personas que han estado en contacto con el foco. Lo que han hecho en la UPV en Leioa o en Badalona. Pero no lo han hecho en la cárcel de Martutene. ¡Que se jodan los presos! Dirán los más gilipollas.
Espero que algún ser querido de esos gilipollas se suba en el autobús o en el metro o comparta espacio en un ascensor, con algún funcionario de prisiones que haya sido contagiado, o con un familiar o allegado de algún preso de los que se tienen que joder. Y que dentro de unos días, ese ser querido esté escupiendo sangre.
Lo siento, pero es lo que pienso.
Alfonso Pazos Fernández