España ha dado un paso firme en la lucha contra las redes de trata y explotación de seres humanos: en 2024, las fuerzas de seguridad rescataron a 1.794 personas víctimas de estos delitos, entre ellas 32 menores de edad. El dato supone un aumento del 22% respecto al año anterior y refleja la creciente actividad policial frente a una problemática que, aunque muchas veces invisible, sigue arraigada en distintos rincones del país.
El balance, publicado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente del Ministerio del Interior, recoge que se llevaron a cabo 419 operaciones, que terminaron con la detención de 966 personas y la desarticulación de 110 redes criminales. Las actuaciones incluyeron también 10.013 inspecciones administrativas en locales vinculados al ejercicio de la prostitución o al empleo precario, lo que permitió detectar a miles de personas en situación de riesgo, según una información publicada en Europa Press.
De las víctimas liberadas, 513 habían sido captadas por organizaciones de trata mediante engaños, amenazas o abusos de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual, laboral, criminal o matrimonial. Otras 1.281 personas estaban siendo explotadas —también sexual o laboralmente— aunque sin pruebas concluyentes de que una red organizada estuviese detrás.
La mayoría de víctimas de explotación sexual son mujeres de entre 23 y 27 años, muchas procedentes de países latinoamericanos como Colombia, Venezuela o Paraguay. En total, 256 mujeres fueron rescatadas de redes de trata para explotación sexual —cinco de ellas menores— y otras 376 de entornos donde ejercían la prostitución sin vínculo probado con mafias, entre ellas 11 menores más.
Ocho víctimas —seis de ellas menores— fueron rescatadas de situaciones de matrimonio forzado, una forma de trata menos visible pero igualmente traumática. En paralelo, las fuerzas de seguridad desarticularon 33 redes dedicadas a la trata con fines de explotación laboral, liberando a 246 personas. Además, otras 905 personas fueron detectadas en contextos de trabajo forzado sin que mediara una red organizada.
En este ámbito, el perfil cambia: la mayoría de víctimas de trata laboral son hombres jóvenes, entre 23 y 27 años, originarios de países como India, Pakistán, Marruecos, Colombia o Senegal. En total, se realizaron 8.308 inspecciones en centros de trabajo, que permitieron identificar a más de 27.000 empleados, muchos en condiciones precarias.
El informe también alerta de dos operaciones relacionadas con trata para criminalidad forzada, donde tres personas fueron explotadas para cometer delitos. Las víctimas, de origen colombiano, fueron liberadas tras un largo trabajo de seguimiento y cinco personas fueron arrestadas.
Detrás de estas cifras hay vidas fracturadas por la violencia, la pobreza y la desesperación. La trata de seres humanos, como recuerdan los expertos, es un delito que muta constantemente y que se adapta con rapidez a las nuevas condiciones sociales, económicas y tecnológicas. En 2024, los datos revelan que sigue siendo una forma moderna de esclavitud que golpea con más fuerza a quienes menos herramientas tienen para defenderse.
Los responsables de las operaciones subrayan que estas acciones no son suficientes si no van acompañadas de medidas de prevención, sensibilización social y apoyo a las víctimas. La trata no se erradica solo con detenciones: se combate también con políticas públicas, educación y redes de protección.
Y mientras miles de víctimas siguen atrapadas, la tarea de mirar de frente esta realidad se vuelve cada vez más urgente. Porque detrás de cada número, hay una historia que aún espera justicia.