Sumar pone condiciones a una reforma migratoria: sí a reforzar fronteras, no a recortar derechos

19 de septiembre de 2026
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El diputado de Sumar, Enrique Santiago, durante una rueda de prensa / EP

Enrique Santiago, de Sumar, exige que cualquier reforma migratoria respete los derechos humanos y critica el papel de los militares y de la Audiencia Nacional en la crisis de Ceuta

El portavoz de Justicia de Sumar en el Congreso y portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha avisado este sábado al PSOE de que su formación no apoyará una reforma de la Ley de Extranjería para agilizar las devoluciones en caliente si supone restringir o eliminar derechos fundamentales. Santiago sí se ha mostrado de acuerdo, no obstante, en reforzar la seguridad exterior del Estado y las fronteras.

Las palabras de Santiago llegan después de que el diputado socialista Vicente Montávez propusiera verbalmente al PP, el pasado miércoles, una posible modificación legal para legalizar las devoluciones en caliente en la frontera. «Es verdad, hay un vacío legal abierto por el Supremo que solo se cierra reformando la ley. ¿Contamos con sus votos? ¿Van a hacerlo?», planteó Montávez a la bancada popular, que tiene registrada desde julio una reforma legal en ese sentido.

Ese vacío legal se remonta a un auto del Tribunal Supremo del pasado 8 de julio, en el que el Alto Tribunal estableció que el rechazo en frontera no puede aplicarse a los inmigrantes que intentan entrar a nado en Ceuta o Melilla cuando son interceptados en el mar, a quienes debe aplicarse el procedimiento ordinario de devolución. El rechazo sí está previsto, según esa resolución, para quienes intentan acceder superando los elementos de contención fronterizos.

Santiago ha recordado la intervención de Montávez y ha explicado que, al estar en marcha la transposición del Pacto Europeo de Migración y Asilo, una modificación legislativa para endurecer las entradas irregulares en frontera sería «técnicamente viable».

«No a costa de los derechos humanos»

Frente a esa posibilidad, el parlamentario ha recalcado que la posición de Sumar es «muy clara»: «Por supuesto que estamos de acuerdo con reforzar la seguridad exterior del Estado y las fronteras, pero no a costa de los derechos humanos», ha afirmado.

Santiago ha rechazado que ese refuerzo se traduzca en dificultar el acceso a la frontera a las personas que sufren persecución, que, según ha señalado, tienen derecho a llegar a ella conforme a la legislación y a los convenios internacionales, entre ellos el Convenio de 1951 sobre el derecho de asilo y refugio. «España hasta ahora ha garantizado este derecho y nosotros estamos dispuestos a examinar cualquier reforma, modificación, siempre y cuando no se restrinjan y eliminen los derechos fundamentales de la persona», ha resumido.


Críticas al papel de los militares en Ceuta

El portavoz de Justicia de Sumar ha recordado que, en su comparecencia extraordinaria del pasado 3 de septiembre, Pedro Sánchez comenzó su intervención agradeciendo el comportamiento «profesional y ejemplar» de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante los días 30 y 31 de julio, al considerar que su actuación evitó «un desastre humanitario».

Según Santiago, no existen «grandes críticas» a la actuación de esos dos cuerpos, pero sí se están generalizando denuncias sobre un «uso excesivo de la fuerza y malos tratos» por parte de miembros de algunos cuerpos del Ejército. El parlamentario ha precisado que esas conductas no se producen de forma generalizada, sino «muy localizada», contra inmigrantes y también contra ceutíes de origen magrebí. Su formación, ha añadido, ha rechazado que los militares sean destinados a funciones de seguridad ciudadana, como pide el PP, algo que ha calificado de «inaceptable» en una democracia.

El de Sumar se ha referido también al dispositivo temporal de acogida de inmigrantes instalado en el Puerto de Ceuta, y ha calificado de «intromisión política» y de «atrocidad» la decisión inicial —luego rectificada— de la Audiencia Nacional de impedir temporalmente su puesta en marcha, mientras estudiaba la petición cautelar presentada por el Sindicato Unificado de Policía. «Un tribunal no es quién para decir dónde debe establecerse o no un centro de acogida», ha apostillado.

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