La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a un total de 47 años de prisión a una mujer por prostituir a sus propias hijas. Entonces tenían al menos 5 y 9 años, y ella facilitaba encuentros sexuales con desconocidos a cambio de dinero. El fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, es recurrible.
La sentencia impone a la mujer 18 años de cárcel por dos delitos de explotación sexual. Le suma además 29 años como cooperadora necesaria de dos delitos de agresión sexual. Para fijar estas penas, el tribunal tuvo en cuenta la vulnerabilidad de las víctimas y el ascendiente que la propia madre ejercía sobre ellas. La resolución, en cambio, absuelve a quien entonces era pareja sentimental de la acusada.
La sentencia da por probado que, entre fechas no determinadas de 2021 y 2022, la acusada empezó a prostituir a sus hijas menores con distintos hombres. Esos hombres, a los que no se pudo identificar, mantenían prácticas sexuales con las menores. Estas violaciones se repitieron en varias ocasiones, a veces en grupo, según el testimonio de las niñas. El pago se abonaba en «billetes azules».
El tribunal concluyó que no existía constancia de que el entonces novio de la acusada interviniera en prostituir a las hijas de ella. Tampoco halló pruebas de que participara en ninguno de los encuentros. La única alusión que se hizo en su contra resultó, según la sentencia, tan «genérica» y «abstracta» que no permitía dictar un pronunciamiento condenatorio.
La Sección Tercera del tribunal dio especial peso al testimonio preconstituido de la hija mayor. Lo calificó de «creíble», «coherente» y «persistente» en la incriminación. Ese testimonio se vio respaldado por otras pruebas. Entre ellas, el informe de los pediatras que atendieron a las menores. También pesó la declaración de la pareja del padre de las niñas, quien denunció los hechos en mayo de 2023 al enterarse de lo ocurrido.
La acusación se apoyó además en el informe psicológico elaborado por la fundación ‘Márgenes y Vínculos’. El informe calificó el testimonio de las víctimas de «probablemente creíble» y constató síntomas compatibles con violencia sexual en las menores.
Además de las penas de prisión, el tribunal le retira la patria potestad. De la condena total, la mujer cumplirá un máximo de 20 años, conforme establece el Código Penal. También la condena a 30 meses de multa, a razón de seis euros diarios, por cada uno de los dos delitos de explotación sexual. La sentencia añade 10 años de libertad vigilada y 35 años de alejamiento e incomunicación respecto de sus hijas. Además, deberá indemnizar a cada una con 60.000 euros.