La Fiscalía pide hasta siete años de cárcel para el núcleo duro de Junqueras en el Govern por el 1-O

Por los preparativos del 1-O pide siete años para Jové, seis a Salvadó por desobediencia, prevaricación y malversación agravada y la inhabilitación de la consellera Garriga

La Fiscalía ha pedido condenar a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, a un año de inhabilitación por presunta desobediencia en los preparativos del 1 de octubre de 2017, mientras que en la misma causa ha pedido penas de prisión para el exsecretario general de vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, y el exsecretario de Hacienda y actual presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó. Todos ellos formaban parte del núcleo duro del exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, y son algunos de los principales dirigentes de Esquerra Republicana de Catalunya.

El escrito de acusación, consultado por Europa Press este viernes, atribuye a Jové y Salvadó los presuntos delitos de desobediencia – al igual que a Garriga- además de prevaricación y malversación agravada. En concreto, reclama siete años de cárcel para Jové y seis años y tres meses para Salvadó.

Las reacciones al escrito de acusación de la Fiscalía no se han hecho esperar, incluso la de los propios encausados. “¡Miserables, malas personas y sobre todo mucha cobardía! ¡Siempre de frente ante la represión! ¡Porque lo que hicimos, hacemos y lo que haremos, lo hicimos por principios democráticos y de libertad!”, ha subrayado Jové en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Al mismo tiempo Garriga ha afirmado también vía Twitter que el escrito “reafirma lo que hace tiempo que denunciamos: estamos ante una causa general contra el independentismo“. “Desgraciadamente, hace años que vemos que el sistema judicial español no hace justicia, hace política”, ha sentenciado.

El Gobierno saca pecho y olvida el varapalo del TS

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha afirmado este viernes que el escrito de acusación de la Fiscalía es “una prueba más” de que los hechos que se produjeron en Cataluña en 2017 siguen siendo delito a día de hoy, como “siempre” defendió el Gobierno, ha indicado.

No obstante, el Supremo dio un varapalo judicial al Gobierno al mantener la inhabilitación de Junqueras hasta 2031 en el marco de la revisión de su condena, así como la de otros líderes independentistas. De este forma, aseguró que la modificación del Código Penal deja impunes los procesos secesionistas que no vayan acompañados de actos de violencia o intimidación, en clara alusión al proceder del Ejecutivo en su apuesta por desjudicializar la cuestión catalana.

La reforma penal del Gobierno sustituyó la sedición por el delito de desórdenes públicos agravados y modificó la malversación introduciendo un tipo atenuado y otro agravado en función del ánimo de lucro. En este último caso, confirmó que el delito de malversación en su versión más dura.

Inhabilitación

En lo que respecta al detalle del escrito de acusación, el fiscal también reclama inhabilitar a Jové durante 32 años y a Salvadó durante 27 años y tres meses, y multarlos con 30.000 y 24.000 euros respectivamente, y pide una multa de 18.000 euros para Garriga, que entonces era directora de servicios de la conselleria que encabezaba Oriol Junqueras.

La investigación a Jové y Salvadó se hizo separada de la de Garriga -ella fue investigada en un juzgado ordinario en una causa contra 29 excargos del Govern- pero cuando ella asumió el cargo de consellera y pasó a ser aforada al TSJC, las causas se acumularon y este proceso ha retrasado el procedimiento contra los primeros, para quienes, en mayo de 2021, ya se dictó el acto de conclusión del sumario.

El fiscal atribuye a Jové el documento ‘Enfocats’, que era “una ‘propuesta estratégica’ dirigida a ‘reenfocar el proceso de independencia para un resultado exitoso'” y en el que indaga sobre una declaración unilateral de independencia.

También hace referencia a las anotaciones de Jové en una agenda que llevaba a sus reuniones con otras formaciones para negociar los Presupuestos del Govern para 2017.

Cuentas de 2017

En noviembre de 2016, Junqueras presentó el proyecto de Presupuestos para el año siguiente acompañado de Salvadó, e incluían 5,8 millones para procesos electorales y participativos, y “una disposición adicional donde se expresó el compromiso de dotar el presupuesto necesario para organizar el referéndum de autodeterminación”.

El proyecto de cuentas también incluía 57,4 millones para desarrollar la Agencia Tributaria de Cataluña y, una vez aprobados los Presupuestos, el TC los suspendió y declaró inconstitucionales varias partidas, pero, según el fiscal Jové, Salvadó y Garriga desoyeron esta anulación del tribunal.

El fiscal subraya que, en julio de 2017, la Generalitat dictó dos decretos que otorgaban al departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda las competencias sobre administración de procesos electorales, que hasta entonces pertenecían a Governación, “de modo que toda la actividad de preparación y ejecución del referéndum comprometido pasó a ser controlada por su secretario general, el procesado Jové, quien, bajo la inmediata dirección de Junqueras, disponía además de los necesarios recursos económicos y logísticos precisos para la inminente celebración del mismo”.

Garriga: organizar un “call center” y almacenar papeletas

El fiscal cree que Garriga adjudicó varios contratos menores para hacer obras en una nave anexa del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) catalán para que se instalara “un call center o ‘centro de prensa’, en el que se irían recogiendo los datos de participación y resultado” del 1-O.

En esas instalaciones, la tarde antes del 1-O, la policía incautó 118 pantallas de ordenadores, 118 CPUs, dos servidores, 15 soportes de tarjeta SIM Vodafone y 275 teléfonos Huawei.

La acusación pública también atribuye a Garriga haber hecho de enlace entre su superior, Jové, y una funcionaria de su departamento para conseguir la cesión de unas naves en Bigues i Riells (Barcelona) para almacenar el material electoral: allí, el 20 de septiembre, la policía incautó 9.894.350 papeletas y 5.903 sobres con documentación electoral.

“Diluir la responsabilidad individual”

El fiscal sostiene que los preparativos y gastos para el 1-O se hicieron esquivando el control estatal de las cuentas de la Generalitat, para lo que el Govern hizo intervenir a varios departamentos “para diluir la responsabilidad individual”, y subraya que Jové, como número dos de Economía y Hacienda, conocía los detalles de las cuentas catalanas así como los requerimientos de información que hacía el Ministerio de Hacienda, a los que el Govern contestaba negando que hubiera hecho pagos o modificaciones presupuestarias relacionadas con el 1-O.

Como el TC había anulado varias partidas de los Presupuestos, el fiscal señala que en lugar de dedicar una de ellas a gastos electorales, la “estrategia” del Govern fue atribuirlos a varias partidas de diversos departamentos.

Anuncio del referéndum

El fiscal expone que la Conselleria de Presidencia lanzó en agosto de 2017 la campaña ‘Civisme’ “para, en apariencia, ‘potenciar el civismo, promover los valores de la democracia, el bienestar social, y la cultura de la paz y la solidaridad’, si bien su indisimulado objeto era publicitar y anunciar el referéndum acordado y favorecer la participación ciudadana en el mismo”.

La campaña acabó centrándose en el anuncio que mostraba unas vías de tren bifurcándose y se adjudicó sucesivamente a una empresa por 2,24 millones y luego a otra por 2,29 millones, pero “ambas renunciaron a ejecutarlo al percatarse de que se trataba de propaganda del ilegal referéndum”, y entonces Presidencia –que encabezaba Jordi Turull– encargó la campaña a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) y facturó los anuncios de radio y tele por 277.804 euros.

Papeletas, censo electoral y participaciones

La Generalitat encargó a Unipost, dentro del contrato marco que tenían, 5.346.734 cartas ordinarias -tantas como personas censadas- y 56.000 cartas certificadas destinadas estas a quienes habrían de integrar las mesas electorales, un servicio que se presupuestó en 979.661,96 euros sin IVA.

El fiscal cree que “a fin de encubrir responsabilidades y evitar la constancia del encargo y su verdadera naturaleza, se eludió deliberadamente la mecánica habitual de registro y formalización de los envíos y repartos” de Unipost y que, para disimular la importancia del gasto se facturó repartido en cinco consellerias: Vicepresidencia, Cultura, Salud, Trabajo y Presidencia.

Unipost intentó cobrar una de las cinco facturas, la que iba a nombre de Cultura, pero dos veces el pago resultó rechazado, y para elaborar el censo electoral el fiscal expone que Jové presuntamente recabó datos personales de los catalanes para el censo electoral a través de un convenio entre el departamento y el Idescat.

Hacienda Pública

En 2015, el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) publicó una ley que preveía crear una agencia tributaria catalana y otras “estructuras de Estado” sobre los sectores de la energía, telecomunicaciones y transporte, que el TC anuló.

Aun así, Jové y Salvadó “tomaron la decisión ejecutiva de llevar a la práctica las programadas ‘estructuras de Estado’ y, de modo paralelo, conseguir una suficiente financiación para cuando Cataluña alcanzase la independencia”, y dotaron a la Agencia Tributaria del sistema e-Spriu, capaz de recaudar, gestionar y ejecutar impuestos para los que no tenían competencias como IRPF, IVA, el impuesto de sociedades y otros especiales estatales.