La denuncia presentada ante la Comisión Europea por el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, motivada por la falta de aplicación inmediata de la amnistía tras el dictamen del TJUE sobre los fondos europeos, tiene escasas probabilidades de prosperar.
Los dirigentes independentistas protestaban porque el Tribunal de Cuentas optó por dar un plazo de diez días a las partes para pronunciarse en lugar de aplicar la medida de forma automática, elevando el asunto a las instituciones comunitarias.
Frente a esta queja, la Comisión Europea ha señalado con claridad que corresponde exclusivamente a los tribunales nacionales y al Tribunal Supremo ejecutar las sentencias y gestionar la amnistía, desvinculándose por completo de la pretensión de los demandantes.
Aunque Bruselas ha confirmado la recepción oficial del escrito, el procedimiento administrativo habitual es sumamente lento y podría demorarse varios meses antes de alcanzar una resolución definitiva.
Dicho trámite estándar contempla fases rigurosas que incluyen la evaluación preliminar del caso, la audiencia formal a los denunciantes, la presentación de alegaciones por parte del Gobierno español y la elaboración de un informe detallado previo a cualquier decisión final.