La Confederación Española de Comercio (CEC) celebra la iniciativa que hay actualmente en tramitación parlamentaria para que se endurezca el Código Penal y castigar con penas de prisión de seis a 18 meses pequeños hurtos en casos de reincidencia cuando existan tres condenas por delitos de esta naturaleza, aun siendo de carácter leve, y el montante acumulado supere los 400 euros.
La Confederación ha reclamado en numerosas ocasiones el endurecimiento del castigo ante esta lacra que cuesta 300 millones de euros al año a las administraciones públicas españolas y genera unas pérdidas de 1.800 millones de euros anuales en el comercio, lo que se traduce en destrucción de empleo, inseguridad y alza de precios.
La iniciativa se ha introducido a propuesta del PDeCAT en el Proyecto de Ley Orgánica por la que se establecen normas que faciliten el suo de información financiera para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penal. Plantea una nueva redacción del artículo 234 del Código Penal.
«Esta medida supone un gran avance ya que a día de hoy no existe una herramienta jurídica para luchar contra la multirreincidencia de menos de 400 euros lo que coloca a los comerciantes en una situación de total indefensión y vulnerabilidad. En vista de la evolución de denuncias, juicios suspendidos y sentencias, comprobamos que hasta ahora esta práctica les está saliendo gratis a los delincuentes, en su mayoría bandas organizadas», ha destacado el presidente de la CEC, Rafael Torres.
Desde el PDeCAT recuerdan que esta modificación «ha sido prometida por varios ministros de Justicia y del Interior desde hace años» y subraya que el cambio legal «dotará a las administraciones de más herramientas para luchar contra la multirreincidencia en pequeños hurtos».
«Uno puede tener la sensación de que las personas que cometen estos hurtos los detienen hoy y salen mañana a la calle, y continúan con esta actividad casi como ‘modus vivendi’», ha señalado el diputado Genís Boadella, responsable de asuntos de Justicia del PDeCAT, y ha apuntado que la reforma tiene un alto impacto en el sector del comercio, la restauración, el turismo y en la seguridad de todos los ciudadanos.
La iniciativa se conoció la semana pasada, cuando se registraron las enmiendas a este proyecto. Está previsto que se vote en la Comisión de Interior el próximo 8 de junio, donde previsiblemente, teniendo en cuenta los apoyos con que cuenta, será aprobada junto con el proyecto.
Actualmente, en el ámbito del delito de hurto, el reformado artículo 234 del Código Penal establece que el que, con ánimo de lucro, tomara las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros. La novedad en la iniciativa del PDeCAT es castigar con esa misma pena una pluralidad de hurtos que ninguno de ellos excede de los 400 euros.
Ese artículo regula, el tipo básico del delito de hurto en el apartado primero del artículo 234 (delito menos grave), el tipo atenuado en el apartado segundo (delito leve, anterior artículo 623.1 del Código Penal) y el tipo agravado en el apartado tercero (delito menos grave).
Junto a estas modalidades delictivas, el artículo 235 recoge los denominados tipos «hiperagravados», que regula el hecho de la multirreincidencia, señalando que el hurto «será castigado con pena de prisión de uno a tres años (…): cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza» y no se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo.
VOX RECLAMABA CASTIGAR LA MULTIRREINCIDENCIA EN DELITOS LEVES DE HURTO CON PENAS DE UNO A TRES AÑOS DE CÁRCEL
La seman pasada, VOX también defendió en el Congreso una Proposición de Ley Orgánica para modificar el Código Penal y castiar con penas de prisión la multirreincidencia en los delitos leves de hurto, pero el Pleno rechazó tramitarla con 147 votos a favor, 186 en contra y una abstención.
En concreto, reclamaba que se modificara el artículo 235.1.7º del Código Penal y planteaba penas de cárcel de uno a tres años, mientras que la del PDCat plantea la modificación del 134 y penas de 6 a 18 meses.
VOX recuerda que el Tribunal Supremo, en la sentencia número 481/2017, de 28 de junio de 2017 -con voto particular al que se adhirieron siete magistrados-, entendió que el concepto de reincidencia recogido en la parte general del Código Penal ha de tenerse en cuenta igualmente cuando se trate de aplicar la multirreincidencia como supuesto específico de agravación en los subtipos de la parte especial, a no ser que el texto legal la excluya de forma expresa y específica. Rechaza, por tanto, agravar las penas aplicando la circunstancia «hiperagravada» de multirreincidencia en los supuestos de hurtos leves y declaró la necesidad de hacer una interpretación restrictiva de la agravación de las sanciones penales en los delitos de hurto tras la reforma de 2015.
Este partido señala que varios magistrados de la Sala de lo Penal formularon voto particular, en el cual subrayaron que «la interpretación ha sido indebidamente abordada y que son desacertadas las conclusiones a las que llega», destacando la improcedencia a la hora de corregir al legislador, no aplicando las condenas previas por delitos leves como elemento del tipo agravado al amparo del principio de proporcionalidad.
En conclusión, VOX manifiesta la doctrina sobre la aplicación del subtipo agravado de multirreincidencia en los delitos leves de hurto, cuando el autor hubiera sido condenado ejecutoriamente por al menos tres delitos de la misma naturaleza, se encuentra divida, y defendía con su Proposición de Ley Orgánica aclarar la cuestión de la aplicación del artículo 235 mediante su desconexión de las circunstancias genéricas que regula el artículo 22 como agravantes.
La iniciativa fue registrada en la Cámara Baja en junio de 2021 por los diputados Francisco Javier Ortega Smith-Molina, José María Sánchez García, Eduardo Luis Ruiz Navarro, Patricia de las Heras Fernández y Carlos José Zambrano García-Raez, Iván Espinosa de los Monteros de Simón y Macarena Olona Choclán, y el pasado martes el diputado por Alicante de VOX, Eduardo Luis Ruiz, defendió su toma en consideración.
La propuesta recibió el apoyo de PP, Cs y Foro Asturias, mientras que el PSOE la rechazó tras pactarlo con el PDeCAT, con quien horas antes llegó a un acuerdo para sacar adelante esa otra propuesta similar. Para el diputado Eduardo Luis Ruiz, «la actuación de estos grupos políticos -PSOE y PDeCAT- se enmarca dentro de su proyecto para aislar todo lo que venga de VOX, sin importar si es bueno o malo para España».
«Lo único que les importa es que se rechace dentro de ese plan de intentar marginar a más de 4 millones de españoles», ha señalado a Confilegal, y recuerda que la propuesta para endurecer la multirreincidencia venía precedida por el rechazo también a la iniciativa de VOX de endurecer el delito de ‘okupación’.
Este diputado destaca que la propuesta de VOX sobre el hurto multirreincidente «incluía mayores penas que las que han pactado el PDeCAT y el PSOE», y apunta que «sorprende que el propio PDeCAT y también sus compañeros de grupo parlamentario, Junts, votaran en contra pese a tener varias iniciativas en el mismo sentido».
ENTRE ENERO Y MARZO DE 2022 SE HAN REGISTRADO 96.112 HURTOS
VOX justificó su Proposición de Ley con los datos del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior de 2019, que sitúa a los hurtos, los robos con fuerza y los daños en lo alto de la criminalidad y de las infracciones penales contabilizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ese año, como caso destacable, la formación señala a Cataluña, con 192.052 hurtos perpetrados, «muy por encima» de Madrid (154.217), Andalucía (91.398) o Valencia (68.038).
El partido que lidera Santiago Abascal señala que en España se denuncian cada año más de 700.000 delitos de hurto, unas cifras que sitúan al país en la tercera posición a nivel de la Unión Europea respecto a hurtos en centros comerciales.
Añade que pese al descenso de los delitos como consecuencia de los estados de alarma por la pandemia, «los números siguen siendo destacables y desde finales de 2020 , con la vuelta paulatina de la actividad económica, la comisión de este delito contra el patrimonio ha ido en aumento», ya que entre enero y marzo de 2022 se han registrado 96.112 delitos de hurto en todo el territorio nacional.
VOX hace hincapié en que «estos datos ponen en evidencia la importancia y la obligación de adoptar medidas que permitan combatir con mayor eficacia esta actividad delictiva que tanto daño hace a la imagen de España y a su actividad comercial y económica».
«En definitiva, es necesario una mayor actuación del derecho penal frente a quienes, desde el más absoluto desprecio a los bienes ajenos, hacen del hurto un medio de vida, desplegando su actividad delictiva de forma constante», destaca VOX, que considera ineficaz el castigo a multa para prevenir la reincidencia.
Ruiz reclamó a los partidos que no miraran para otro lado ante un problema surgido por la «benevolencia» del Código Penal y que aprovechan en «muchos casos extranjeros sin permiso de residencia», y ha puesto el foco en que esto se traduce en pérdidas millonarias para los comerciantes, en inseguridad en las calles y en una mala imagen exterior de España para los turistas: «Nos sale caro, y mucho».
Y defendió que esta propuesta arreglaría el «problema real» de la multirreincidencia, porque la pena aplicable pasaría ya no a ser una simple multa, «sino la prisión», pues «cabe poner fuera de la circulación» a los autores de hurtos, y pidió al resto de partidos que decidieran en qué lado del tablero se encuentran, si en el de las víctimas o el de los delincuentes.
LO MANIFESTADO POR LOS DISTINTOS PARTIDOS SOBRE LA INICIATIVA DE VOX
El debate parlamentario estuvo marcado por la salida de tono del diputado ERC Gabriel Rufián, que ironizó durante su intervención con posicionarse a favor si la medida se aplicaba al Rey emérito, Juan Carlos I, a quien llamó «delincuente reincidente». La presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, le llamó al orden y le pidió que guardara respeto y no insultara a nadie, y mucho menos si no estaba presente.
Por parte del PP, el diputado Luis Santamaría se mostró favorable a la proposición. Afirma que son «buenas ideas» para asegurar castigos, si bien considera que esta propuesta «no respeta el principio de proporcionalidad».
Edmundo Bal, de Ciudadanos, manifestó que era «interesante» la propuesta de VOX para acabar con la «ley de la selva» en una cuestión en la que, a su juicio, deberían quedar al margen las luchas partidistas, pues lo «importante» es la percepción que los demás tienen de la seguridad en las ciudades españolas.
Por su parte, Isidro Martínez, de Foro Asturias, considera que esta modificación avanza en una «línea muy acertada» en la defensa de la propiedad privada y la convivencia ciudadana. «La situación actual refleja una falta de contundencia en el Código Penal que ocasiona alarma social, perjuicios a particulares, así como atascos en los ya de por sí sobrecargados juzgados», expuso.
En contra de la iniciativa de VOX se posicionaron el PSOE, que defendió la propuesta alternativa con la que ha llegado a un acuerdo con el PDeCAT, y también ERC, Unidas Podemos, el PDeCAT, el PNV, Junts y Bildu.
Mikel Legarda, diputado del PNV, se opuso esgrimiendo que en buena medida, la propuesta de VOX ha perdido su objetivo con el pacto entre PSOE y PDeCAT, y también porque da un «gran salto punitivo desde la multa a la prisión».
Como ha señalado Ruiz Navarro, el Pleno también ha rechazado recientemente una iniciativa de VOX que planteaba aumentar las penas a ‘okupas’ y que la Policía pueda desalojar de forma preventiva. En este sentido, solicitaba modificar el artículo 245 del Código Penal para «agravar las penas a los delitos de usurpación de inmuebles, ofrecer mejores herramientas a los agentes y ampliar la protección de los legítimos titulares de derechos reales».
En su propósito de «sancionar con más dureza» la ‘okupación’, proponía penas de prisión de uno a tres años para quienes accedan ilegalmente a una vivienda, de dos a cuatro años si se trata de la vivienda habitual de los propietarios, y condenas de cuatro a seis años para quienes lo hagan además con violencia o intimidación. Pero el Congreso rechazó esta iniciativa con la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno.